Medio Ambiente

Acusan a Esthela Ponce de “abrir la puerta” a mineras

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El 13 de agosto de 2015, el presidente de la asociación Medio Ambiente y Sociedad (MAS), y consejero del Frente Ciudadano por la Defensa del Agua y la Vida (FCDAV), Juan Ángel Trasviña Aguilar, aseguró que la exalcaldesa de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, era la responsable del arribo de proyectos mineros a la región.

En ese momento culpó a la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por “abrirles la puerta a las mineras tras haber retrasado el Plan de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) sin motivos concretos para hacerlo”.

El mediodía del 24 de septiembre, de nueva cuenta, el FCDAV reitera los señalamientos contra la exalcaldesa, pero además, con el alcalde Francisco Monroy Sánchez, suplente de la priísta.

“Durante tres de los cuatro años de la administración de Esthela Ponce Beltrán y su suplente Francisco Javier Monroy Sánchez, no se gestionaron recursos necesarios para el desarrollo de este instrumento de planeación ambiental”, decía el comunicado.

A mediados de 2014, la entonces alcaldesa con licencia, Esthela Ponce Beltrán y el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)  en la entidad, José Carlos Cota Osuna, confirmaron a medios locales que la Semarnat, había autorizado recursos para actualizar el POEL. Además, en la instalación del Comité de Ordenamiento en diciembre de 2014, afirmó Ponce Beltrán que la inversión sería de 3 millones 750 mil pesos aportados por la Semarnat y este sería elaborado por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor).

Sin embargo, dicha información contrasta con la respuesta[3] a la solicitud de información pública de folio 0001600217915 entregada por la Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial (DGPAIRS) de la Semarnat, sobre recursos asignados para el citado programa,  que dice  “después de una exhaustiva búsqueda en los expedientes de esta Dirección General, no se encontró documento alguno que contenga la aprobación y/o asignación de recursos al gobierno del estado de Baja California Sur, para la elaboración del Programa de Ordenamiento Ecológico del Municipio de La Paz para los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015”.

Derivado de lo anterior, este grupo de defensores del agua y la vida podrían proceder en contra de la diputada federal y el Alcalde de La Paz.

El Informante de Baja California Sur

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Redacción

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