Por no contar con traductor, juicio laboral de 100 trabajadoras en BCS se extiende 13 años
La Paz, Baja California Sur.- El despido injustificado de 100 trabajadoras de la empresa sudcoreana maquiladora de calamar gigante Hangjin, antiguamente ubicada en Santa Rosalía, municipio de Mulegé, se ha extendido por 13 años debido a que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) carece de traductores de español a coreano, confiriendo la responsabilidad de traducir a este idioma la demanda en contra de la compañía de Corea del Sur a las propias trabajadoras, para que se lleve a cabo la primera audiencia entre las partes.
Así lo da a conocer Gilberto Piñeda Bañuelos, apoderado legal del caso y miembro del Centro de Investigaciones Sociales, Sindicales y Laborales, recordando que aunque recientemente el Congreso del Estado lanzó un exhorto al gobernador Carlos Mendoza Davis, a la alcaldesa mulegina Cecilia López González, al Instituto Nacional de Migración (INM), la JFCA, y la representación estatal y federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), para que se tomen cartas en el asunto y se ofrezca solución a este centenar de mujeres que fueron explotadas hasta por 7 años, dicha solicitud aún se encuentra en la Oficialía Mayor del Congreso del Estado, por lo que se trata de un posicionamiento “mediático nada más”, lamenta.
Cabe recordar que Hangjin México ofrecía a las trabajadoras jornadas nocturnas de 12 horas laborales, con una paga de 30 centavos por cada kilo de calamar limpio. La empresa ha dejado Baja California Sur (BCS) pero continúa operando en su país de origen como Hangjin Tranding Corea, por lo que una exigencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es que la demanda y la notificación se realicen en el idioma del demandado.
Debido al conflicto, durante la administración del exalcalde Guillermo Santillán Meza fueron embargados precautoriamente 3 terrenos pertenecientes a Hangjin, sin embargo en estos momentos, afirma Piñeda Bañuelos, el director del Registro Público de la Propiedad, Jesús Manuel Contreras Lucero, opera una estrategia para lograr la venta de las propiedades, negociando directamente con las trabajadoras.
“Fue a buscar a las compañeras, a buscarlas a su casa, para ver si quieren negociar para vender los terrenos”, narra el apoderado legal, “para decirles que hay un señor que quiere comprar, sin darles detalles, por eso estamos enterados […] Hay indicios de que unos dueños de gasolineras andan comprando esos terrenos, incluso dicen que ya los compraron y que no han podido ejercer”.
El conflicto parece no tener una solución pronta para las trabajadoras, una de ellas fallecida hace poco, y las autoridades, anota por último Gilberto Piñeda, no abonarán demasiado para que ocurra lo contrario, pues “las empresas coreanas en Cachanía tienen el control de la vida económica: calamar y minería, y por lo tanto, si esas son actividades económicas de compañías capitalistas, la actitud del estado es favorable”.
“Los coreanos y los chinos en Santa Rosalía están muy mal acostumbrados, ellos creen que con el acuerdo, la negociación, la autoridad les va a dar la razón, porque se jactan de que ellos le dan cheques al Ayuntamiento y a la Junta de Conciliación, entonces yo creo que están tan mal acostumbrados que ellos tenían la seguridad, una, de que las trabajadoras no iban a resistir tanto tiempo, y dos, que las autoridades iban a ceder a un acto de corrupción muy fácil […] La subordinación ha sido histórica, tanto del Ayuntamiento como del Gobierno del Estado, y obviamente que del Gobierno Federal, pero aquí localmente ha sido histórico, todos los partidos han pasado por el Ayuntamiento de Mulegé en 13 años y sin embargo no hay atención a las compañeras”.
