La gresca de los ejidatarios llegó al Poder Legislativo el 20 de octubre, comandada por el exdiputado panista David García Araiza, y después volverían a manifestarse el 27 del mismo mes, reclamando que ESSA paga 17 pesos anuales por cada hectárea que ocupa, cuando se han acordado rentas que van de los 181 a los 319 pesos.

Fue el diputado albiazul Alfredo Zamora García quien tomó la tribuna del Congreso del Estado para hacer el exhorto, detallando que “al día de hoy, la revisión y actualización del convenio suscrito” entre ESSA y los ejidatarios de Presidente Días Ordaz y Benito Juárez, en el municipio de Mulegé, “tiene un retraso de tres años, a pesar de los esfuerzos realizados por las partes para intentar sentarse y, con fundamento en el diálogo, lograr nuevos compromisos”.

“Debido a esta interrupción en el diálogo es que los ejidatarios solicitaron la intervención de esta representación popular, para que intervengamos para (sic) que su petición a dialogar con los directivos y socios de la empresa sea atendida”.

El Congreso local aprobó el punto de acuerdo, donde se “exhorta respetuosamente al presidente y a todos los socios integrantes del Consejo de Administración de Exportadora de Sal S.A. de C.V. a que acudan al Estado y atiendan la petición de los ejidatarios”, sin embargo, no establecieron una fecha precisa para la celebración de este anhelado encuentro.

Cabe recordar que a inicios de octubre senadores del PAN denunciaron numerosas irregularidades en la administración de la empresa paraestatal, que este año podrían costar al erario 50 mil millones de pesos por presuntos actos de corrupción, como ventas por debajo de los costos de producción, pérdidas cambiarias, sobreprecios en la adquisición de equipos, doble contabilidad, prácticas monopólicas, presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos y reembolsos millonarios a la empresa Mitsubishi.

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