Durante 2017, Coepris realizó más de mil verificaciones para evitar consumo de cigarro en espacios públicos
La Paz, Baja California Sur.- Como parte de las acciones realizadas para proteger la salud de la población, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) llevó a cabo más de mil verificaciones a edificios públicos, establecimientos comerciales y de servicios, así como unidades del transporte público para constatar el puntual cumplimiento de la Ley de Protección contra la Exposición al Humo de Tabaco.
Estas inspecciones se realizaron con el objeto de corroborar que no hubieran personas fumando en áreas que la legislación vigente considera 100 por ciento libres de humo de tabaco, que son todos aquellos espacios públicos cerrados, lugares interiores de trabajo, puertas de acceso y salida, sitios de concurrencia colectiva y los vehículos de transporte público, indicó la titular de Coepris, Blanca Pulido Medrano.
De este trabajo de vigilancia se generó la suspensión temporal a un establecimiento que permitió el consumo de cigarrillos en sus instalaciones, informó la funcionaria estatal al señalar que la dependencia realizó un trabajo continuo de difusión sobre el contenido de esta ley entre sectores sociales y empresariales para que conocieran con mayor detalle sus disposiciones y con ello evitaran sanciones.
En este sentido, dijo que se llevaron a cabo dos cursos de capacitación, 41 reuniones informativas con la participación de 662 personas, entre las que destacan autoridades de vialidad, concesionarios y choferes del transporte urbano, administradores de edificios públicos, directivos de centros educativos de nivel superior y propietarios de establecimientos comerciales, entre otros.
Pulido Medrano puntualizó que como parte de este trabajo informativo se hizo énfasis en que, al identificar que una persona fuma en un área prohibida, el dueño o responsable del establecimiento debe solicitarle que apague su cigarro. Si la persona se niega hay que invitarle a que abandone el inmueble y si se rehúsa es necesario requerir el apoyo policial.
Un particular también puede solicitar la intervención de los elementos de seguridad pública para que el infractor sea puesto a disposición del juez calificador competente.
