La Paz, Baja California Sur- El espionaje a periodistas y defensores de los derechos humanos, recientemente descubierto en México, busca intimidar, controlar, “o de plano acallar a la prensa a partir del uso de poderosas tecnologías de intrusión de las comunicaciones privadas tomando el control de los aparatos telefónicos”, señaló la diputada del Movimiento de Regeneración Nacional, Guadalupe Rojas Moreno al presentar un pronunciamiento en la sesión ordinaria del Congreso del Estado en donde condena este tipo de acciones realizadas por el Estado mexicano.

Lamentó la legisladora que este tipo de prácticas se den al margen de la ley, puesto que la Constitución General de la República establece que solamente un juez federal puede autorizar la vigilancia de comunicaciones privadas, “y solamente cuando los funcionarios demuestran que tienen un caso bien armado para realizar esa solicitud por parte de la PGR, PFP o bien el Cisen, en cuyo caso dichas instancias deben de explicar las causas de la solicitud y aclarar qué tipo de intervención se realizará, a quién y por cuánto tiempo”.

Subraya la representante de Morena que, para el seguimiento de información a particulares, la propia Ley aclara que no procederán las peticiones cuando se trate de asuntos electorales, fiscales, mercantiles, civiles, laborales, administrativos, o cuando sean comunicaciones de un detenido con su abogado.

Ante las recientes denuncias, la diputada Rojas Moreno exigió que se realice una investigación oportuna, exhaustiva y confiable del uso de un complejo programa informativo de espionaje vendido al gobierno mexicano para espiar a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción, como lo ha solicitado la organización internacional Human Rights Watch.

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