Jueza niega órdenes de aprehensión para el caso Jonathan; la fiscalía apelará
La Paz, Baja California Sur.- Luego de que se confirmara que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través del ministerio público Bernardo Soriano Castro, consignó la probable responsabilidad de 2 personas por el homicidio del abogado Jonathan Hernández Ascencio y solicitó ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) el mismo número de órdenes de aprehensión, el padre de la víctima, Daniel Hernández Aguirre, confirma que la titular del Juzgado Primero de Primera Instancia, Rosalía Cota Domínguez, negó ambas acciones al considerar que los señalados fueron exonerados por el exprocurador Gamil Arreola Leal y, siendo así, no pueden ser juzgados de nuevo por el mismo delito y la investigación tampoco puede ser tomada en cuenta.
Según anota Hernández Aguirre, el fiscal a cargo del caso le ha dado a conocer que prepara una apelación contra la decisión de la jueza, al asegurar que se constata en expedientes que en 2011, cuando se contaba con pruebas para girar órdenes de aprehensión, Arreola Leal dio instrucciones al ministerio público en turno de suponer a los señalados penalmente no responsables, emitiendo un “juicio de valor irresponsable”, además de opinar que Rosalía Cota no estudió el caso adecuadamente.
Daniel Hernández agrega que, de acuerdo al maestro en ciencias Soriano Castro, una de las 2 personas previstas en esta última investigación por la PGJE como culpables del asesinato, ocurrido el 4 de marzo de 2010 en la vía pública y a la vista de una decena de testigos, sí fue detenida en su momento por encontrar en él conexión con el crimen, pero fue liberada sin ser juzgada, mientras que la segunda jamás rindió declaraciones, nunca se ejecutó orden de aprehensión en su contra y tampoco estuvo en calidad de procesada, por lo que el argumento para sobreseer el caso por no juzgar doblemente por el mismo delito es insostenible, deja ver.
Además, la familia Hernández afirma que se estudia la posibilidad de hacer penalmente responsable a Gamil Arreola Leal, hoy notario público, por realizar un “acto doloso para que no se hiciera justicia”, además vulnerar las relaciones México-Estados Unidos pues uno de los señalados fue capturado en aquel país al considerar, por parte de aquellas autoridades, que existían elementos para su detención y deportación, sin embargo las autoridades en Baja California Sur (BCS) no actuaron en consecuencia y esperaron tiempos perentorios para que por falta de pruebas fuese liberado.
“Considero que la juez, o el tribunal, encabezado por el señor Gallo, pues no valoraron el trabajo del fiscal, del licenciado Bernardo Soriano”, dice Daniel Hernández Aguirre, preguntándose “¿cómo es posible que el Tribunal Superior tome esa decisión de no juzgar a estos presuntos asesinos, tomando en cuenta un expediente viciado por más de 2 administraciones y 5 procuradores?”.
“Hubo voluntad del gobernador, hubo voluntad de la procuraduría, de todos, aquí el problema es que no tomaron en cuenta el trabajo del fiscal, ¿entonces para qué lo pusieron?, de hecho el mismo secretario de gobierno reconoció el trabajo del fiscal, entonces no se me hace justo que el tribunal se haya dejado llevar por un expediente viciado […] Lo que yo percibo es que hay compromisos por parte del tribunal con las administraciones pasadas”.
Por otro lado, la familia dice sentirse insegura, pues las personas que han sido señaladas se encuentran en libertad e incluso ha mantenido encuentros desafortunados, situación que incluso se ha hecho saber al Gobierno del Estado.
“Se lo hice ver al subsecretario [Esteban Beltrán Cota], días antes de que diera la resolución el tribunal yo me encontré a este muchacho, a uno de ellos me lo encontré en el supermercado y se burló de nosotros, de mi esposa y de mí se burló, venía enfrente y se empezó a reír, en ese momento yo me quise morir de impotencia, pero siempre hemos respetado las leyes […] Yo le sigo diciendo al gobernador que nos ayude, al procurador que nos ayude, que nos ayuden en la apelación para que esta resolución del tribunal sea revocada y se haga justicia” “hasta ahorita no está sucediendo con esta administración, tenemos el apoyo del gobernador, tenemos el apoyo del licenciado Álvaro de la Peña y del procurador, esperemos que nos sigan apoyando para que esto se aclare”.
Cabe destacar que existe un triplicado abierto del caso en el que continúa la investigación de más responsables e involucrados, por lo que éstas órdenes de aprehensión hasta el momento negadas se tratan sólo de la primera parte de la indagación.
El homicidio de Jonathan Hernández ha sido atendido por 4 procuradores de justicia –Fernando González Rubio Cerecer, Karim Francisco Martínez Lizárraga, Gamil Arreola Leal y Adonaí Carreón Estrada-, antes del actual titular de la PGJE, Erasmo Palemón Alamilla Villeda, y hasta el día de hoy no existe ningún procesado en prisión.
Jonathan Hernández Ascencio nació el 12 mayo de 1986. Cursó el nivel básico escolar en la primaria Luis Donaldo Colosio y continuó sus estudios en la Secundaria Técnica Número 17. Posteriormente ingresaría al bachillerato, para culminar tales estudios en el Centro Tecnológico del Mar (Cetmar), en La Paz. Se graduó como licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).
