Con la Ley de Asociaciones Público-Privadas, BCS no “está en venta”: Rodrigo Guerrero
La Paz, Baja California Sur.- La iniciativa de Ley de Asociaciones Público-Privadas, enviada al Congreso del Estado por el gobernador Carlos Mendoza Davis como parte del paquete que incluye también una Ley de Mejora Regulatoria y una Ley de Fomento Económico, contempla “todas las limitantes jurídicas, técnicas y financieras” para que los bienes construidos con dinero público no se conviertan en privados, asegura el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente del gobierno de Baja California Sur (BCS), Rodrigo Guerrero Rivas.
“El riesgo de perder el patrimonio público no existe”, sostuvo el funcionario, “ese es un riesgo que no se va a correr aquí, porque justamente para eso está la ley […] El patrimonio natural, o el patrimonio físico, o el patrimonio público en Baja California Sur, de ninguna manera está en riesgo ni está en venta”.
Las leyes impulsadas por el gobernador “tienen el carácter del fortalecimiento del sistema económico, para recuperar el crecimiento económico en Baja California Sur”, subrayó Guerrero Rivas, al recordar que en 2015, aunque la aspiración era lograr un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del estado en al menos 3.5 por ciento, no se logró y, por el contrario, cerró “con un crecimiento negativo de 1 por ciento”.
“El Poder Ejecutivo requiere un ambiente legislativo que le permita competir mejor para la atracción y conservación de las inversiones […], asociar capital público con capital privado para realizar obras, sobre todo de infraestructura económica y social, que el estado por sí mismo puede hacer pero en un plazo muy largo, y a veces la premura por el empleo, la premura por el transporte, la premura por el ingreso, la premura por el crecimiento económico, es inminente, y el gobierno, o la ciudadanía, no pueden esperar tanto tiempo para que estas obras se realicen”.
El secretario mostró finalmente que la Ley de Asociaciones Público-Privadas contempla una larga serie de modelos de contratos específicos, advirtiendo uno distinto para cada asociación que pudieran presentarse.
“Con este esquema de asociaciones público privadas, lo que va a ocurrir es que el gobierno se va a asociar con el capital privado en un contrato específico por cada una de las acciones, es una ley, jurídicamente, muy densa, porque requiere una gran cantidad de esquemas de asociacionismo. No podemos asociarnos de la misma manera con una cadena hotelera que con una constructora que va a construir una carretera, requiere contratos muy particulares, muy específicos, sobre todo para evitar esto que en algún momento se ha dicho, que los servicios públicos, o los compromisos que el gobierno tiene con la ciudadanía, van a ser concesionados, o van a ser subrogados o van a ser vendidos, claro que no, esta ley no pretende nada de eso”.
