Las deficiencias del pasado no son de mi competencia: Silvestre de la Toba
La Paz, Baja California Sur (BCS).- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California Sur, Silvestre de la Toba Camacho, declaró que las consecuencias de las irregularidades encontradas por el Organo de Fiscalización Superior del Estado en el ejercicio del presupuesto del año 2014, rechazado por el Congreso del Estado, no serán su responsabilidad.
Para el ombudsman, estas fallas administrativas son “imposibles” de solventar, además de ser operaciones “muy pequeñas” de entre 400 y mil pesos.
“Es un ejercicio que no nos correspondió a nosotros como administración. Sí, tuvimos que contestar […] todas las 33 o 34 observaciones, pero hay algunas que son imposibles de solventar” dijo Silvestre de la Toba, quien además dijo: “nos piden tres cotizaciones para pedir un cartucho de tinta, no podemos inventar cotizaciones de artículos de 2014 o darles cotizaciones de 2015 para solventar esa irregularidad”.
El presidente precisó que el Congreso del Estado ha aprobado imputar los procesos administrativos que deriven de dichas observaciones a quienes estuvieron en su momento al frente del organismo, sin embargo, anunció que las irregularidades que han solventado hasta el momento (6) han resultado de utilidad para que estas situaciones no se repitan en los ejercicios fiscales de 2015 y 2016.
“Tuvimos institucionalmente que contestar todas las observaciones que hace el órgano de fiscalización […] nos dimos cuenta que no había manual de remuneraciones, no había manual de adquisiciones, nos hacía falta reglamentar […] Nos sirve de ejercicio, práctica y ejemplo para que nosotros […] no tengamos ese tipo de observaciones”.
Por otra parte, Silvestre de la Toba recordó que el Congreso del Estado tiene pendiente “agilizar” la iniciativa de reforma a la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que resultaría de utilidad para modificar el marco teórico y administrativo por el que se rige ese organismo. Por lo mismo, la CEDH anunció que se encuentra trabajando en este tema con el diputado Camilo Torres Mejía (PT), presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos.
