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La Paz, Baja California Sur.- Tras la validación del uso “lúdico” de la marihuana por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resulta un discurso “falaz” mantener la prohibición en el estado, más cuando el argumento es la violencia que impera en el país a raíz de su comercio, señala el maestro en Ciencias Sociales Rodrigo Rebolledo Ramírez, anotando que esta postura permite “que continúe el status quo del mercado ilícito”.

Rebolledo Ramírez detalla que “el discurso” de que la prohibición a la marihuana debe mantenerse “precisamente porque hay violencia en el país”, resulta “hasta falaz”, pues “la solución al problema está en regularizar la economía de ese recurso natural en el país”, sin embargo “el discurso” del gobierno “prefiere mantenerlo ilegal en una forma en la que se da lugar a la corrupción y al crimen organizado para tratar de controlarlo”.

“Frustra escuchar a gobernadores que dicen que es precisamente porque hay mucha violencia aquí que no podemos legalizar la marihuana, mientras se están matando por venderla de forma ilegal en las calles, ¿entonces si la legalizamos, como ya no se van estar matando por eso, se van a empezar a matar por asaltar a nuestras tías en la calle?, o ¿qué es lo que están tratando de decir?”.

Es por esto que más allá de la prohibición, “el mercado de los estupefacientes requiere de una regulación profunda”, subraya el maestro, para incluir sustancias y recursos como la marihuana a la economía y no limitar el derecho individual de cada ciudadano a través del engaño o el doble discurso.

“El asunto sería identificar al que es adicto como un adicto, y ver a quien comete un delito como a un delincuente. La cuestión es que lo que es un delito es comercializar con ella, lo que escuchamos todos los días es que están peleando los comerciantes, así que si se descriminalizara lo que habría sería expendios donde se puede comprar con un impuesto bastante sólido para poder vincularlo directamente a la inversión en salud para combate a las adicciones […] Por qué metemos diez meses a un niño, que es adicto, a una prisión a convivir con gente que está ahí por otras cosas que él podría aprender o imitar […] Las cárceles están llenas de adictos, que aparte son un gasto, pudiendo ser tratados para ser sujetos positivos para la sociedad”.

Por otro lado, se refiere a “repercusiones económicas a causa de quedarnos fuera del liberalismo político”, resaltando que Baja California Sur es la entidad menos poblada y a la vez uno de los polos turísticos más importantes del país, por lo que se “debería equiparar el uso lúdico de sustancias a las licencias que existen en el estado de donde provienen sus turistas”, en este caso California, en Estados Unidos, donde la batalla por legalizar completamente la marihuana está en marcha, y de ser ganada éste sería el estado más poblado del país vecino en descriminalizarla y legalizarla por completo, y el primero con frontera en México que permite el consumo, la compra, la venta y el cultivo de esta planta, como si se tratara del alcohol.

“Si las personas no pueden venir a consumir aquí las cosas que consumen de forma lúdica en sus fiestas en el país de donde provienen, pues va a dejar de tener atractivo un polo turístico que se ha encaminado cerca de veinte años para explotar ese núcleo demográfico”, anota.

Hay que recordar que la resolución de la SCJN “en ningún caso supone la autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiere a la enajenación y/o distribución de las sustancias aludidas”, y que esto se logró tras un amparo donde los beneficiarios son únicamente Josefina Ricaño Bandala, Armando Santa Cruz González, José Pablo Girault Ruiz y Juan Francisco Torres Landa Ruffo, pero al ser aprobado por cuatro ministros, la Corte estableció un criterio jurídico de observancia obligatoria para juzgados y tribunales federales, además de que, de presentarse más amparos similares, se abre la puerta para que el máximo tribunal‎ emita una declaratoria de invalidez de los artículos que fueron declarados inconstitucionales, que son el 235, 237, 245, 247 y el 248, de la Ley General de Salud.

Rodrigo Rebolledo Ramírez, además de maestro en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), es licenciado en Filosofía y cuenta con estudios en Biología.

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