Los Cabos, Baja California Sur.- El secretario general municipal, Luis Alberto González Rivera, en compañía de la síndica municipal, Susana del Carmen Zataraín García y el director municipal de Asuntos Jurídicos, César Jerónimo Chávez Rodríguez, dieron a conocer la postura del XII Ayuntamiento de Los Cabos en relación a las denuncias que se han interpuesto de hechos posiblemente constitutivos de delito que arrojaron los resultados de la auditoria forense practicada a las finanzas públicas municipales al inicio de esta administración en contra de exfuncionarios públicos municipales.

Recordó que esta acción fue un compromiso del presidente municipal de someter las finanzas y cuentas públicas a una auditoría, pero que a su vez no sería una “cacería de brujas”, pero se presentarían los resultados y se actuaría de acuerdo a la ley.

Informó que se niega rotundamente que las denuncias presentadas tengan fines políticos ante la proximidad del proceso electoral, ya que las mismas fueron presentadas en junio de 2016 y el Ministerio Público desde ese tiempo ha realizado sus investigaciones, por lo que se trata de un ejercicio legítimo y responsable de cumplir y hacer cumplir la ley como lo manda nuestra Constitución.

Añadió que la auditoría forense fue practicada por el despacho Russel Bedford  México S.C. y que trabajó arduamente revisando documento por documento y factura por factura recibida y pagada por el XI Ayuntamiento de Los Cabos, donde se encontraron distintas inconsistencias que arrojó la misma auditoría, por lo que se interpusieron las denuncias correspondientes de tipo penal ante la Agencia del Ministerio Público, especializada en delitos cometidos por servidores públicos, por los posibles hechos de delito.

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Uno de los delitos señalados fue la posible aplicación indebida de recursos obtenidos vía empréstito en mayo del 2012, de un crédito bancario por más de 189 millones de pesos, los cuales serían destinados para inversión productiva, consistentes en reestructurar o re-financiar la deuda pública bancaria del Municipio.

Otra de las denuncias se debió por la posible aplicación indebida de recursos obtenidos vía crédito bancario en diciembre del 2012, donde se contrató un crédito por poco más de 161 millones de pesos, etiquetados para adquisición de maquinaria pesada y vehículos, modernización catastral, modernización del Registro Público de la Propiedad, emplacamiento vehicular y una sala de cremación.

Sin embargo en la revisión de números y documentos no hay justificación, evidencias o documentación comprobatoria de algunos recursos, siendo lo anterior un ejemplo de múltiples irregularidades encontradas por los auditores, por lo que existen otras denuncias presentadas ante el Ministerio Público, para su investigación en la posible configuración de delitos.

Finalmente, puntualizó que la auditoría forense solo aporta los elementos que podrían servir de pruebas para las indagatorias del Ministerio Público, pero es facultad únicamente de la Procuraduría General de Justicia del estado, la investigación y la posible configuración de delitos que arrojaran las mimas a efecto de determinar sobre el ejercicio de la acción penal sobre aquellos ex-servidores públicos del XI Ayuntamiento que se les acredite una presunta responsabilidad.

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