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Solicitan endurecer castigo a funcionarios que autoricen licencias de construcción en zonas de riesgo

La Paz, Baja California Sur.- La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Saldaña Cisneros, presentó iniciativa de reforma al Código Penal de Baja California Sur (BCS) que determina como ejercicio ilícito del servicio público la autorización de licencias de construcción o cambios de uso de suelo que permita la construcción de casa-habitación o edificios en zonas de alto riesgo.

El castigo propuesto sería de 3 a 8 años de prisión para los funcionarios culpables, esto por considerar que de poner en riesgo la vida de las personas y en riesgo su patrimonio familiar.

“En las dos últimas semanas han sido para más de 400 familias, días de pena profunda, desesperación e incertidumbre por la afectación que dejó en sus viviendas el paso de la tormenta tropical Lidia“.

Asimismo, solicitó que se considere como una agravante la invasión provocada en zonas de riesgo, pues la gente que utilizan esos lugares muchas veces desconoce el peligro de ocupar dichos espacios.

Guadalupe Saldaña Cisneros, diputada del PAN

Habló de los “autores intelectuales” de promover, inducir, dirigir y hasta financiar la ocupación de zonas de riesgo y la propuesta que ella presentó a fin de considerar ese delito con penalidades de hasta 15 años. Expresó que los gobiernos son pasajeros y que por ello resulta primordial “pugnar por instrumentos y normatividad que permita prevenir ese tipo de actos ilegales”.

“No podemos permitir que bajo actos de corrupción se invadan zonas de alto riesgo o se autoricen construcciones que no cumplen con la normatividad”. Así lo indicó al presentar la reforma a los artículos 241, 249 y 270 que buscan señalar como fraude específico a quienes fabriquen, contraten o construyan en zonas de riesgo, así como aplicar pena de prisión a quienes invadan y por supuesto a quienes induzcan o encabecen la invasión.

Saldaña Cisneros calificó como inaceptables y por demás lamentables, las pérdidas humanas, y que para evitar que la historia de tragedia se continúe repitiendo, es necesario endurecer las penalidades para instigadores de invasiones y funcionarios corruptos u omisos.

El Informante de Baja California Sur

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Redacción

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