Sufrí tortura y vejaciones, en mi caso nada fue correcto; responde Daniel Sánchez a Gobierno de BCS
“Se me hace muy desafortunado y mala onda que un abogado considere que el proceso penal que tuve, que fue basado en tortura, privación ilegal de la libertad, incomunicación, vejaciones, entre otras muchas violaciones a los derechos humanos, presentando testimonios que nunca reconocieron los testigos en mi contra, fue apegado a derecho”, señala Daniel Sánchez. “Tan es así, que fui encarcelando con la única prueba de 3 testimonios en mi contra, que en audiencia de careos fue desmentido por ellos mismos frente al Ministerio Publico diciéndole que no me conocían, a tal grado que un testigo ofrecido por la misma procuraduría en mi contra dijo que el día que lo llevaron para que atestiguara en mi contra el mismo ministerio le puso muchas fotografías mías para que me señalara a la fuerza, y todo eso está asentado en el expediente”.
Este 30 de marzo debió celebrarse la última audiencia entre el Gobierno del Estado, la PGJE y Sánchez Ávila, quien ha demandado a ambas instituciones por llevarlo a prisión del 4 de septiembre de 2012 al 18 de febrero de 2014, sin embargo el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) pospuso la etapa de conclusiones para el jueves 14 de abril, cuando se fije una fecha definitiva para la sentencia. Hay que recordar que el Gobierno del Estado rechazó concertar un acuerdo extrajudicial previo al fallo, además de que la primera respuesta del Estado a la demanda fue posicionarse como inocente de todo señalamiento, dejando ver que, aunque se comprobó la inocencia, los casi 2 años que estuvo en prisión no causaron, a su juicio, ningún tipo de perjuicio.
“No se puede hablar de que mi proceso fue apegado a derecho y a las leyes”, insiste Daniel, tan es así que todas esas arbitrariedades las advirtió el juez que me absolvió de todo cargo, y por esa misma razón fue que no se demandó al poder judicial sino se demandó a la procuraduría, que fue quien hizo esos atropellos, y al gobierno, quien es
su superior y tiene la obligación de vigilar el legal desempeño de la procuraduría […] Si esa es la visión de un debido proceso y del respeto a los derechos, que tiene el gobierno, que Dios nos ampare”.
Acerca de la propuesta de llegar a un acuerdo extrajudicial con la PGJE y el Gobierno del Estado, Rodrigo Serrano dijo que “más que una negativa” de la autoridad para concretar este paso, lo que ocurrió es que no se llegaron “a acuerdos o a puntos de coincidencia”, no obstante Sánchez Ávila muestra que esto tampoco es exactamente así, pues los intentos por lograr conciliación siempre fueron de su parte y no de la administración estatal.
Así, al insistir que en este caso “se ha actuado correctamente” y “no hay una responsabilidad directa” del Gobierno del Estado, Serrano Castro dejó ver que la demanda interpuesta contra la PGJE y el aparato ejecutivo de la entidad no rendirá frutos a favor del absuelto, algo que también resulta asombroso, indica Daniel, pues el abogado “se está adelantando a una sentencia” el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) debe dar a conocer en su carácter de autónomo, recordando que si la sentencia no le favorece y no hay reparación del daño, “existen otras instancias” para dirimir el conflicto, incluso la (SCJN).
Daniel Sánchez Ávila fue acusado del homicidio de Jonathan Hernández Ascencio, asesinado públicamente el 4 de marzo de 2010 en las afuera de un bar ubicado en el malecón de La Paz. Hasta el momento, aunque 4 personas han pisado la cárcel por el mismo delito, y ya están libres, nadie ha sido sentenciado definitivamente como culpable.