Acusa el PRI al Gobierno de BCS de no resolver la inseguridad
La Paz, Baja California Sur- “La inseguridad en Baja California Sur es una realidad que padece el pueblo, y los señalamientos de Acción Nacional en contra del Gobierno Federal solamente ocultan la ineptitud y la falta de voluntad del Gobierno Estatal, que tiene la obligación constitucional de brindar seguridad a todos los sudcalifornianos”, afirmó Héctor Edmundo Salgado Cota, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.
Al convocar a los actores políticos del régimen estatal a dejar de lado el orgullo y la soberbia, recordó que recientemente los municipios de Comondú, Los Cabos, La Paz y Mulegé recibieron un subsidio por parte del Gobierno Federal para el fortalecimiento de su desempeño en materia de seguridad y para atender políticas y estrategias del Sistema Nacional de Seguridad Pública, todo esto a través de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado.
Explicó que los recursos asignados por parte del Gobierno Federal, vía la Secretaría de Finanzas, y que ya debieran estar aplicándose son: 10 millones de pesos al municipio de Comondú, 16 millones 544 mil pesos al municipio de La Paz, 14 millones 93 mil pesos a Los Cabos y 10 millones de pesos a Mulegé. “Habrá que preguntar a los alcaldes si se están aplicando, aunque pareciera que no”, dijo el dirigente tricolor.
Precisó que la parte correspondiente a los municipios todavía no se sabe si ya está cubierta, que es aproximadamente un 20 por ciento de lo aportado por el Gobierno Federal, “pero lo que sí se sabe es que todos los días hay ejecuciones y muertes de personas inocentes (incluyendo niños), mientras el Gobierno Estatal minimiza el problema y culpa al Gobierno Federal a través de su comparsa en el PAN”, recalcó.
Salgado Cota advirtió que no se trata de politizar un problema que ha producido temor e incertidumbre en la ciudadanía: “Se trata de aceptar que aquí, en Baja California Sur, tenemos un problema con el crecimiento impresionante de la inseguridad del 685 por ciento, y que, además del apoyo federal (que sí existe), corresponde al Gobierno del Estado atender este flagelo que lastima a la sociedad sudcaliforniana”.
