La Paz, Baja California Sur.- Al publicarse en el Boletín Oficial del Gobierno de Baja California Sur (BCS), las reformas a la Ley de las Niñas, Niños y Adolescentes de BCS, aprobadas por el Congreso de BCS, durante el pasado periodo ordinario de sesiones, la diputada María Mercedes Maciel Ortiz informó que las autoridades como el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) a través de su Procuraduría de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, tienen mayores facultades en tanto que para quienes deseen adoptar menores bajo el resguardo del estado, será menos burocrático y complejo el proceso, pero que principalmente se priorizan el interés superior de la niñez.

En entrevista, Mercedes Maciel declaró que el objetivo de estas reformas es actualizar el marco legal y sus leyes secundarias para extender la protección que el estado brinda con el fin de garantizar el derecho a la familia a la niñez sudcaliforniana, para que los menores que se encuentran en desamparo familiar, situación de abandono, exposición o institucionalización, puedan ser adoptados.

Destacó que entre las reformas que fortalecen las facultades de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatal y municipales, será esta procuraduría la que expida el certificado de idoneidad  avalado por el Consejo Estatal de Adopciones y Familias de Acogimiento (CESADYFA) a quienes deseen adoptar un menor bajo tutela de la procuraduría.

El Consejo de Adopciones se convierte en el CESADYFA, con la representación interinstitucional y deberá instalarse y sesionar periódicamente para atender las solicitudes y asuntos que garanticen la protección y restitución de derechos de niñas, niños y/o adolescentes susceptibles de adopción, así como desahogar los procesos de forma transparentes y oportunos.

Entre los cambios, se agregó que quien detecte a un menor en abandono familiar o indefensión, deberá presentarlo ante el Ministerio Público, el cual dará parte a la subprocuraduría para su resguardo.

Se prohíbe la promesa de adopción desde la gestación, la adopción privada o entre particulares sin la intervención de las autoridades, que la adopción se realice para fines de venta, sustracción, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explotación, trabajo infantil o cualquier ilícito, entre otros.

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