En el Artículo II de la ley votada por 15 a favor de los partidos Acción Nacional y de Renovación Sudcaliforniana y 1 en contra del diputado Joel Vargas del PRI, señala con precisión los alcances de esta nueva normatividad: “los proyectos de asociación público privada regulados por esta Ley son aquellos que se realicen para establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermedios o al usuario final y en los que se utilice la infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el Estado”.

El artículo en mención abunda y precisa: “En los términos previstos en esta ley, los proyectos de asociación público privada deberán estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y demostrar su ventaja frente a otras formas de financiamiento”.

Destaca el dictamen que una característica importante de la APP implica la celebración de un contrato de prestación de servicios de largo plazo entre una dependencia o entidad pública y un inversionista o proveedor, es decir, el contrato de prestación de servicios de largo plazo lo absorbe la figura de la APP.

El dictamen al que dieron lectura diputados de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos como Marco Antonio Almendariz Puppo, Maritza Muñoz Vargas, Sergio García Covarrubias, así como Guadalupe Saldaña Cisneros, precisa que se incorporaron los puntos de vista de todas las expresiones políticas representadas en el Congreso del Estado que formal e institucionalmente les hicieron llegar a la comisión dictaminadora. “En este proceso legislativo nadie fue excluido y muchas de las propuestas entregadas por diputados y diputadas fueron tomadas en cuenta y plasmadas en la Ley”, aseguró el diputado Almendariz Puppo

Subraya el documento que fue presentado al pleno que el sector público establece los parámetros y expectativas para la asociación, “y el sector privado debe atender las necesidades del primero. Si una APP no cumple con las expectativas contractuales, el sector público puede recuperar el control total del bien público”, advirtiendo que de ninguna manera es una privatización del patrimonio público o que en su caso se ponga en riesgo la propiedad de carácter pública.

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