Los Cabos, Baja California Sur.- El Primer Tribunal Colegiado de Circuito en BCS otorgó suspensión a favor de Grupo Vidanta con relación a la liberación del camino costero que inició el Gobierno de Baja California Sur -en San José del Cabo- a través del gobernador Víctor Castro Cosío en compañía de la II regidora del Cabildo de Los Cabos, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, la Junta Estatal de Caminos y otras autoridades.

La empresa, afectada el 9 de abril consideró una ilegal actuación de las autoridades señaladas tras irrumpir sin mandamiento escrito, fundado y motivado emitido por autoridad competente en la propiedad privada del quejoso con el pretexto de recuperar un camino costero y abrir la prioridad privada al público en general.

De acuerdo con los primeros datos obtenidos por El Informante Baja California Sur la empresa Turismo Itze de SA, perteneciente al Grupo Vidanta, por medio de su apoderado legal Juan Aguado Merlo promovió juicio de amparo directo al cual recayó el número de amparo 605/2025 contra actos realizados.

Dicho amparo recayó en el listado del Juzgado Tercero en materia mixta del Poder Judicial de la Federación en Baja California Sur (BCS). Ahí, el juez negó la suspensión del acto por lo que el representante legal de Turismo Itze de SA acudió al recurso de queja, mismo que se enlistó en el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de BCS, en el que los magistrados resolvieron la queja y otorgando la suspensión a la empresa Turismo Itze de SA, esto se notificó desde el 22 de mayo al juez tercero de distrito, con esto Grupo Vidanta retoma la seguridad del camino que arbitrariamente se abrió por autoridades de diversas órdenes de gobierno.

Se entiende por suspensión una medida cautelar que permite detener la ejecución del acto reclamado mientras se resuelve el fondo del juicio. Su finalidad es proteger los derechos del quejoso, en este caso Vidanta y evitar que se produzcan daños irreparables antes de que se dicte la sentencia definitiva.

Aunque aún se espera la resolución de fondo, lo cierto es que la liberación de los accesos a las playas deberá estar fundamentada en la parte judicial más que social. Es decir, no basta que el pueblo pida a los gobernantes ciertas acciones, ya que en ese sentido la justicia se encargará de deshechar las acciones que se realicen sin sustento legal.

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