Durante 45 días, la Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur y la Procuraduría General de la República (PGR), por conducto de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), realizaron trabajos de investigación de gabinete y campo, que llevaron a establecer que la agresión en contra del comunicador se relaciona en forma directa con el ejercicio de su profesión.

El reportero Max Rodríguez perdió la vida en una plaza comercial

En base a la coordinación plena entre agentes del Ministerio Público del fuero común y federal fue posible obtener datos de prueba suficientes para acreditar la probable participación de Juan “N”, José “N” y Sergio “N” en el homicidio del comunicador, por lo que podrían enfrentar hasta 50 años de prisión.

Con la integración de la carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público del fuero común solicitó y obtuvo del Juez de Control, en esta ciudad de La Paz, las órdenes de aprehensión por el delito de homicidio calificado, mismas que cumplimentará, en contra de los tres imputados, una vez que el agente del Ministerio Público Federal resuelva su situación jurídica por los hechos que acontecieron en la colonia Las Islas.

Respecto de la investigación que se inició por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur y la FEADLE se practicaron diversas diligencias, a fin de establecer los momentos previos hasta a su arribo al lugar en el que el ahora occiso fue ultimado, con el apoyo de los videos de distintas cámaras de comercios y de particulares, en las que fue posible avistar el vehículo en el que viajaban sus agresores.

Se ordenaron y obtuvieron diversos dictámenes periciales en las materias de balística, criminalística, lofoscopia, medicina legal, entre otros y en su oportunidad, la obtención de dos cateos en inmuebles que se ubican en esta capital, en uno de los cuales fue localizado el vehículo que se relaciona con los hechos en base a los videos y al señalamiento que del mismo se hace, de los que resultó, entre otros datos que obran en la carpeta de investigación, la relación de los ahora detenidos con la investigación por la muerte del periodista.

Cabe destacar que los ahora imputados están posiblemente relacionados con otros eventos que sucedieron en el sur de la entidad, así como en la ciudad de La Paz y que también son objeto de investigación por ambas instancias de procuración de justicia.

Es preciso señalar que, cuatro de las seis armas aseguradas en los hechos de la colonia Las Islas se relacionan con no menos de nueve hechos delictivos en Baja California Sur y uno en el estado de Sinaloa, de acuerdo al Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS).

Desde el día 14 de abril y en cuanto aconteció el lamentable deceso del comunicador, diversas instituciones, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, entre otros, nos solicitaron informe del avance en la investigación, peticiones que hemos atendido con toda oportunidad, atentos a la relevancia del quehacer periodístico; además de que, se proporciona asistencia y protección a los ofendidos.

El personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, consiente de la importancia y el respeto por las víctimas y ofendidos, no escatimó esfuerzo para lograr el objetivo que con satisfacción hoy se informa, atentos al marco normativo y a la instrucción del Titular del Ejecutivo del Estado de dar certeza al estado de derecho.

Con estas acciones, el Grupo de Coordinación Interinstitucional de Seguridad, refrenda su compromiso de abatir y combatir a quienes pretendan afectar limitar o menoscabar el derecho a la información y el ejercicio democrático de la libertad de expresión, así como para trabajar en el abatimiento a la impunidad.

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