Congreso de BCS podría tipificar como delito la “cobranza extrajudicial”
La Paz, Baja California Sur.- El pleno del Congreso del Estado conoció en primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia para reformar el Código Penal de Baja California Sur (BCS) y tipificar como delito la cobranza extrajudicial.
La iniciativa, presentada por el diputado Venustiano Pérez Sánchez, señala que a quien por sí o por interpósita persona lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal, “se le impondrá de uno a cuatro años de prisión y multa de 25 mil a 100 mil pesos. Si utiliza documentos o sellos falsos, la pena y la sanción económica aumentará una mitad. Si ocurriere en usurpación de funciones o de profesión se aplicaran las reglas del concurso de delitos señalados en el Artículo 30 del Código Penal”.
El dictamen explica que se entiende por cobranza extrajudicial ilegal “el uso de la violencia o la intimidación, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades mercantiles, incluyendo créditos y financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas habitual y profesionalmente a esta actividad, con independencia del tenedor de los derechos de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza. No se considerará como intimidación informar aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o de la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval obligado solidario o cualquier tercero relacionado a estas, cuando éstas sean jurídicamente posibles”.
La propuesta de reforma la sustenta el diputado en el Artículo 17 de la Constitución General de la República, en sus párrafos primero y segundo que dicen: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por su misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes”.
Pérez Sánchez destaca que en la realidad destacan conductas y hechos que transgreden esta norma constitucional “e inclusive constituyen violaciones a los derechos humanos protegidos por la Constitución y diversos tratados internacionales. Una de esas conductas es la cobranza extrajudicial que se hace de manera ilegal por empleados, trabajadores y representantes de despachos de cobranza contratados por personas físicas o morales dedicadas al otorgamiento de crédito y financiamiento”.
