La Paz, Baja California Sur- La fracción parlamentaria del Morena en la XV Legislatura al Congreso del estado dio a conocer en conferencia de prensa su posición con respecto al dictamen de la Ley de Movilidad del estado, y los argumentos de por qué voto a favor de que no se diera la primera lectura en la sesión ordinaria de este martes.

Con la presencia de la totalidad de los integrantes de la bancada de Morena sus miembros resaltaron que en su articulado el dictamen presentado tiene una serie de inconsistencias legales que contravienen la Constitución General de la república y leyes estatales, sobre todo las que tienen que ver con respecto al Gobierno municipal y en lo relacionado con la materia de transporte en el contexto estatal y municipal.

Destacaron que recibieron señalamientos en el sentido de que muchas de las propuestas realizadas en los foros de consulta por instancias de la sociedad civil, por transportistas y cámaras empresariales no fueron incluidas en el cuerpo del dictamen.

En un documento de 10 puntos la bancada de Morena al fijar su posición señaló que en el articulado proponen centralizar en el Instituto de Movilidad facultades y atribuciones del Gobierno municipal establecidas plenamente en el Artículo 115 de la Constitución General de la República en lo concerniente a los consejos municipales de transporte.

Una observación adicional es la referente a que los gobiernos municipales intervienen en todo lo relacionado con las calles, señalización y equipamiento urbano, lo que a los ayuntamientos les abre en la mayor parte de las ocasiones la posibilidad de acceder a recursos federales mediante convenios, recurso que ya no tendrían para ejercer puesto que estarían destinándose al Gobierno estatal.

Detalla Morena en la conferencia de prensa que el contenido de la Ley es ambiguo e insuficiente ya que propone dejar a nivel reglamentario la definición de los aspectos más importantes, como por ejemplo lo relativo a la estructura orgánica, personal, recursos y atribuciones del instituto, así como los mecanismos para fijar las tarifas sin garantizar la participación ciudadana; asimismo carece de “un piso parejo” en el que se permita la competencia entre concesionarios de transporte y los que ofrecen el servicio por medio de plataformas digitales”.

Además, es importante precisar que el proyecto de Ley de Movilidad que se pretendía presentar “no abrogaba la Ley de Tránsito Terrestre y la Ley de Transporte de Baja California Sur, lo cual indudablemente generaría un conflicto entre normas ante la posibilidad de estar en vigor los tres ordenamientos al mismo tiempo”.

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