La Paz, Baja California Sur- El pasado mes de septiembre de 2018, un ciudadano con discapacidad solicitó la protección de la justica contra los actos del gobernador del estado, el presidente municipal de La Paz, el secretario de Planeación Urbana e Infraestructura, el director de la Unidad de Transporte y Movilidad del Gobierno del estado, así como al director del Instituto Sudcaliforniano para la Inclusión de Personas con Discapacidad, al considerarlos responsables de la falta de condiciones adecuadas para las personas con discapacidad en el transporte público, en materia de accesibilidad, seguridad y comodidad.

En relación con lo anterior, la autoridad estatal, por conducto del subsecretario de la Consejería Jurídica y representante del gobernador del estado, expuso la imposibilidad de dar cumplimiento al fallo, debido a que para ello requería los instrumentos legales, mismos que habían sido recién definidos mediante la iniciativa de Ley de Movilidad presentada el cinco de octubre por el gobernador del estado, aún pendiente de discusión y aprobación ante el Congreso del estado, por lo que solicitaba a la autoridad que se vinculara al Congreso de Baja California Sur (BCS), a efecto de que cumpliera y culminara el proceso legislativo de discusión y aprobación de la referida ley de movilidad.

Ante ello, la diputada Milena Quiroga explicó que no se está de acuerdo con la falta de dictaminación de una iniciativa del ejecutivo del estado derive obligaciones a cargo de casi todas las autoridades, respecto a la protección, promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, particularmente de las personas con discapacidad.

“Consideramos que el Congreso del estado no ha sido omiso en proveer en el orden jurídico, las obligaciones de las autoridades estatales, sino que más bien han sido las consideraciones de estas últimas las que han puesto en evidencia ante la sociedad la falta de atención a los instrumentos jurídicos a disponibles, como la Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad”.

Dicha Ley, por ejemplo, aprobada por este poder Legislativo y publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del estado desde el 27 de enero de 2014, incorporó en un título sobre el transporte, las comunicaciones y la vialidad, disposiciones respecto a la promoción de medidas para adecuar los transportes públicos colectivos a las necesidades de las personas con discapacidad.

Quiroga Romero expresó que el Congreso del Estado cumplirá los debidos requerimientos que han sido formulados por la autoridad judicial, dejando a salvo el uso de las medidas legales que considere necesarias a fin de hacer valer su condición soberana y dar a conocer a la autoridad que los instrumentos jurídicos para hacer efectivo el derecho de la persona con discapacidad ya se encontraban en posibilidad de ser ejercidos por la autoridad estatal desde 2014, mucho antes de que la iniciativa de la Ley de Movilidad fuera presentada por el ciudadano gobernador, además que, de manera legal se solicitó la prórroga en noviembre, para poder garantizar un debido proceso de análisis e incorporación de propuestas en la materia, mismo que está por concluir en breve. Por último, ratificamos nuestro compromiso con la ciudadanía sudcaliforniana en torno a que habrá una Ley de Movilidad acorde a sus necesidades.

Compartir noticia en: