La Paz, Baja California Sur.- El Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito de Baja California Sur (BCS) declaró infundada la queja presentada por los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) que integran la comisión instructora de juicio político en contra de la suspensión provisional de amparo  concedida a diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Encuentro Social (PES), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD), y el Partido Humanista (PH), para no ser destituidos del cargo en el procedimiento de juicio político 02/2020, con lo cual se confirma que la suspensión otorgada el 14 de agosto de 2020 por la juez segundo de distrito, Nadia Socorro Moreno Jiménez, está apegada a derecho y en consecuencia están vigentes todos sus efectos jurídicos, consistente  en evitar que el Congreso de BCS se abstenga de dictar la resolución definitiva dentro del juicio político 2/2020 que se le sigue a los diputados Lorenia Lineth Montaño Ruiz, Daniela Viviana Rubio Avilés, Elizabeth Rocha Torres, Anita Beltrán Peralta, Perla Guadalupe Flores, Maricela Pineda García, José Luis Perpuli Drew y Rigoberto Murillo Aguilar.

En ese sentido, queda pendiente determinar a la justicia federal si el en Congreso de BCS cumplieron o no con la suspensión de amparo decretada desde el viernes 14 de agosto de 2020, la cual se notificó vía correo electrónico a las 15:36 horas del sábado 22 de agosto, y de manera física el lunes 24 de agosto.

Esta determinación se dará el próximo jueves 3 de septiembre en la audiencia incidental, donde la juez Nadia Socorro decretará que el Congreso de BCS dé marcha atrás de manera inmediata con la determinación que tomó el sábado 22 de agosto, al destituir del cargo a cinco diputados e inhabilitarlos para ocupar puestos públicos por dos años, y amonestar públicamente a otros 3, todos ellos de oposición a Morena. Asimismo, ordenará también dar marcha atrás a los actos del domingo 23 de agosto en los que se le tomó protesta a cuatro de los suplentes de los diputados destituidos.

De igual manera, todos los actos que se llevaron a cabo por la XV Legislatura desde el sábado 22 de agosto a la fecha quedarían invalidados, incluida la aprobación de la desaladora para Cabo San Lucas.

Todo ello se traducirá en la inmediata reincorporación de los cinco diputados destituidos y la eliminación de la amonestación publica aplicada a quienes no fueron destituidos.

También el jueves se determinará si existen elementos suficientes para fincar desacato a los diputados de Morena, Partido del Trabajo (PT) y al diputado sin partido Ramiro Ruiz Flores, en caso de determinarse la responsabilidad de esos 13 diputados en la figura de desacato, serán sujetos a la imposición de sanciones penales que van desde los 3 a 9 años de prisión e incluso la destitución e inhabilitación de  tres  a  nueve  años  para  desempeñar  otro  cargo, empleo o comisión públicos.

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