La Paz, Baja California Sur.- El coordinador de la Fracción Parlamentaria del PAN, José Rigoberto Mares Aguilar fijó postura a nombre de la bancada panista en contra de las cuentas públicas 2020 que ha presentado la Comisión Permanente de la Auditoria Superior del Estado (ASE), pues dijo haber un error de interpretación de dicha comisión al fiscalizar por separado a las secretarías.

“La administración de la Hacienda Pública estatal estará a cargo del gobernador, por conducto del secretario de finanzas y administración, quien será responsable de su manejo, así como que la cuenta pública debe ser analizada de manera consolidada con base en los informes mensuales o el informe anual que presente la Secretaría de Finanzas, y no así, dependencia por dependencia, ya que no son entes que tengan la obligación en lo individual de presentar cuenta pública al congreso del estado”, dijo.

En ese sentido, se consignó el voto en contra de la la fracciones antes mencionadas en los dictámenes de cuentas públicas de la Secretarías de Finanzas y Administración, de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, así como de la Oficina de Planeación, Evaluación y Promoción de Políticas Públicas, todas del Gobierno de BCS.

Comentaron que la XV Legislatura vivió un proceso de conflictos internos e incertidumbre jurídica, además del recurso de queja interpuesto por el Ejecutivo del estado, en la que se estableció que el Congreso del Estado no estaba legalmente integrado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció que se debería de reponer la sesión pública suspendida el 17 de Marzo de 2020, habiéndose repuesto esta sesión el 15 de marzo del 2021, quedando sin efecto todos los actos hasta en tanto se resolviera el fondo de la citada controversia.

Asimismo, se dijo que el ejecutivo en turno se desistió de la misma al inicio de su gestión, por lo que a la actual administración le nace la obligación de entregar las referidas cuentas públicas, toda vez que para la anterior mandato, había una imposibilidad jurídica y material.

Por lo tanto, tales implicaciones y efectos de las controversias constitucionales no fueron consideradas por la ASE ni por la comisión dictaminadora, por lo que se propuso que los dictámenes fueran regresados a la comisión y se analice si hay estados de excepción, de no responsabilidad o en su defecto, a quién le nace la responsabilidad de la presentación de la cuenta pública en cuestión; posteriormente, los dictámenes fueron sometidos a votación y aprobados por mayoría.

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