La Paz, Baja California Sur.- La diputada Elizabeth Rocha Torres, presidente de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de Baja California Sur (BCS), celebró la publicación del decreto correspondiente a la reforma al Código Civil estatal referente a la retroactividad de la pensión alimenticia, con la que los padres que han sido omisos serán obligados a cubrir los gastos del parto y de alimentos retroactivos desde su nacimiento a la fecha.

La diputada informó que la reforma ya está vigente y manifestó que “hoy es una realidad y es una garantía para niños e inclusive mayores de edad quienes durante muchos años han estado respaldados solamente por sus madres, puesto que ya se añadió el párrafo donde se hace retroactiva la pensión alimenticia retroactiva y quien desee la puede solicitar”.

Recordó que la iniciativa de reforma del artículo 407 del Código Civil para BCS fue aprobada en diciembre y fue avalada por la unanimidad de los integrantes del Congreso, con esta quedó armonizada la reforma con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Comentó que como presidente de la Comisión de Igualdad, presentó la iniciativa derivado de una sentida demanda de un grupo de madres de familia con hijos con discapacidad y que cuyos padres dejaron la responsabilidad de lado, dejándole el cargo a ellas y quienes expusieron a la diputada sentimientos de frustración al dejar a sus hijos menores al cuidado de otras personas al tener que irse a trabajar.

Hoy con la vigencia, reiteró, podrán hacer solicitud de la pensión retroactiva desde el nacimiento a la fecha, una vez comprobado que el padre fue enterado del nacimiento del hijo, también podrán hacerlo los hijos que cumplan la mayoría de edad sin necesidad de tener la tutoría de la madre.

Mencionó otra reforma importante para beneficio de la familia y protección de la pensión alimenticia, también vigente, con la que en el caso de que los padres que dejar de dar la pensión por cambio de trabajo o que no enteran aumentos de sueldo, hoy tienen la obligación de notificar al juzgado el nuevo centro laboral o el aumento, en caso de no comunicarlo al juez, se harán acreedores a multas de 17 mil a 43 mil pesos si no emiten ese comunicado de cambio de empleo o sueldo.

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