La Paz, Baja California Sur.- Una vez que se aprobó el matrimonio igualitario por los diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Baja California Sur (BCS), el obispo de La Paz, Miguel Ángel Alba Díaz, envío una carta a los diputados. Te la presentamos a continuación.

Muy estimados señores diputados:

El jueves 27 del pasado mes de junio, ustedes aprobaron la unión entre personas del mismo sexo y sinceramente me da mucha satisfacción y orgullo saber que nuestro Congreso estatal, preocupado por evitar toda forma de discriminación, busque reconocer y tutelar jurídicamente los derechos de dichas parejas.

Lamento, sin embargo, que lo hayan hecho sin suficiente reflexión y consulta y que, actuando con precipitación y bajo presiones de grupos y consignas partidistas, hayan introducido en la legislación matrimonial cambios desafortunados y maliciosos que inducen a confusión y error y dañan a la institución matrimonial, tal y como hasta hoy se ha comprendido.

Con ello ustedes imponen a nuestra sociedad convicciones ideológicas que no todos compartimos y que son parte de una agenda global con la que grandes intereses políticos y económicos pretenden colonizar al mundo entero, destruyendo la identidad cultural y la idiosincrasia propia de cada pueblo.

En septiembre de 2015, cuando empezó a discutirse en nuestra entidad este tema y la posibilidad de introducir el “matrimonio igualitario”, me deslindé del Frente Nacional por la Familia y me negué a convocar a la comunidad católica a participar en la marcha encabezada por él, porque considero ilegítimo, inmoral y absurdo que quiera imponerse a una sociedad plural, mediante leyes civiles, las convicciones doctrinales y éticas de cualquier credo o ideología y porque la palabras “marcha” y “frente” provocaban a polarizaciones y división.

Envié entonces un comunicado titulado “No es bueno que el hombre esté sólo», que tuvo el acierto de ser criticado por los más radicales y fundamentalistas de ambos bandos.

En él expresaba “el derecho que toda persona tiene a buscar, a dar y a recibir el apoyo moral, económico y afectivo de otra persona, independientemente de cualquier otra consideración”, y que “por tanto, también las uniones entre personas del mismo sexo y género deben ser vistas con respeto y aprecio por la sociedad y tuteladas por el Estado”.

Afirmé también que al Estado “le corresponde velar por que se respete el derecho que tienen todas las personas a pensar, expresarse y actuar libre, respetuosa y responsablemente”, e invité a reflexionar y consultar con serenidad, tacto y prudencia antes de decidir si se cambia la legislación matrimonial del Estado “para tutelar también a las parejas homosexuales, o se crea un estatuto jurídico distinto para reconocer y tutelar los derechos de estas parejas”, a fin de evitar agravios y confrontaciones estériles.

Sabía, en efecto, que sería muy difícil, y tal vez imposible, homologar bajo un mismo nombre y bajo una misma ley realidades que, aunque tengan muchas similitudes, son distintas por sus componentes y por los fines que pretenden.

La unión entre personas de distinto sexo y entre personas del mismo sexo son realidades análogas que no se pueden homologar. A una pareja del mismo sexo con toda propiedad y sin forzar la realidad se les puede declarar esposos o esposas, cónyuges y consortes, pero no se les puede declarar propiamente marido y mujer, sin forzar o negar la realidad.

Ambos tipos de uniones buscan la mutua ayuda mediante la conyugalidad y el consorcio a través de un contrato verdaderamente esponsal, pero un fin propio de la pareja heterosexual, que no puede ser compartido por la unión entre personas del mismo sexo, es la posibilidad de engendrar, procrear y educar a la propia descendencia.

Señores y señoras congresistas, basado en estos motivos y exigiendo fidelidad a los principios que inspiran la 4T de la nación y fomentan una democracia más participativa, les pido que se replanteen los cambios aprobados al vapor y que promuevan una genuina consulta a los ciudadanos, evitando todo tipo de simulación y manipulación, antes de emitir leyes en estos temas, que por ser tan sensibles, delicados e importantes, pueden polarizar y dividir a nuestra sociedad.

Al gobernador constitucional de Baja California Sur le pediría que no firme dichos cambios legislativos, ni los publique en el periódico oficial del Estado antes de que el Congreso promueva la reflexión y el diálogo y realice dicha consulta ciudadana, de modo que podamos alcanzar consensos en los que no haya ganadores y perdedores, sino que todos, aunque tengamos que ceder en algo, podamos sentirnos ganadores y lograr nuestros legítimos propósitos.

A los católicos, a todos los que creen en Cristo y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, les pido que apoyen esta propuesta, que ponderen serenamente este asunto y que, sin salir a vociferar consignas y slogans muchas veces hirientes y ofensivos, participen en esta consulta, venciendo la apatía y expresando respetuosamente su opinión según se los dicte su conciencia, pensando siempre en el bien de las presentes y futuras generaciones de nuestro pueblo.

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