Colombia.-El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño ‘Timochenko’ firmaron el nuevo acuerdo de paz, renegociado para incluir propuestas de la oposición tras su victoria en las urnas.

El protagonismo pasará luego al Congreso, que deberá aprobarlo y será clave en su implementación de un proceso de paz que aprueban algunos colombianos mientras otros lo repudian.

Para garantizar la paz se contemplan tres tipos de medidas:

Primera

En primer lugar, iniciará el proceso de Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo. Este será un proceso técnico, serio, ordenado y verificable por la ONU, en el cual las FARC terminarán definitivamente las acciones contra la población civil, la Fuerza Pública y la infraestructura del Estado. Se trata del fin del conflicto. Naciones Unidas, como componente internacional, encabezará el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, junto con delegados del Gobierno Nacional y las FARC.

Se trata de un Mecanismo de tipo técnico, eficiente y ágil que contribuye a la generación de transparencia, credibilidad y confianza en el proceso de cese al fuego. Estará encargado de analizar los posibles incidentes que se presenten en el terreno y que puedan afectar el cese al fuego.

Para el cumplimiento de su misión, estará articulado con las comunidades, organizaciones sociales y entidades del Estado, y rendirá informes periódicos a la opinión pública.

Su misión consistirá en realizar -por un lado- la labor de monitoreo, que se refiere a la recopilación y documentación de información sobre las actividades relacionadas con la implementación del cese al fuego. Y, por el otro, la verificación, que consiste en el uso de esa información para hacer recomendaciones acerca de si se está cumpliendo el acuerdo. El objetivo es facilitar el cumplimiento de los compromisos y evitar incidentes que puedan poner en riesgo el acuerdo del cese al fuego.

Como producto del cese al fuego, las FARC no podrán ejecutar ninguna actividad ilícita como extorsión, secuestro, narcotráfico, entre otros. Cualquier reincidencia será considerada una violación al cese.

Segunda

En segundo lugar, se dará el proceso de dejación de armas por parte de las FARC.

El componente internacional (CI-MM&V) en cabeza de la ONU, recibirá en los primeros 60 días el armamento hechizo y los explosivos y rendirá cuentas públicas.

Las FARC  tendrán 180 días para que la ONU reciba, por fases, la totalidad de su armamento.

Durante los primeros 60 días se destruye el armamento inestable (explosivos artesanales como tatucos, cilindros bomba), y se almacenan en contenedores, bajo control de Naciones Unidas, todas las armas de apoyo y el armamento de las milicias.

La recolección y almacenamiento en contenedores del armamento individual que permanece en poder de los (as) integrantes de las FARC-EP dentro de los campamentos en las zonas se hace de manera secuencial y en tres fases así.

A más tardar a los 150 días todas las armas de las FARC, incluidas las individuales, deberán estar almacenadas en contenedores bajo control de Naciones Unidas.

Y a más tardar a los 180 días, la ONU extraerá los contenedores de las zonas, y certificará y comunicará a la opinión pública su finalización. Como resultado, se harán tres monumentos en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Cuba y en Colombia (ubicado en donde el Gobierno y las FARC se pongan de acuerdo).

Tercera

En tercer lugar, las FARC se ubicarán de manera temporal y transitoria en 22 “zonas veredales transitorias de normalización” y 6 pequeños puntos transitorios de normalización.

Estos lugares de ubicación fueron diseñados para hacer el tránsito de los guerrilleros a la legalidad y la dejación de las armas. Se conformarán al finalizar el proceso de conversaciones. En ellos, las FARC adelantarán la dejación de las armas y preparan su proceso de reintegración.

Se trata de paz con seguridad. El movimiento hacia estas zonas contará con todas las medidas de seguridad por parte de la Fuerza Pública y el Mecanismo realizará el monitoreo y verificación.

Asimismo, la institucionalidad permanecerá vigente en todo el territorio nacional, incluyendo las “zonas veredales transitorias de normalización”. La Fuerza Pública en cumplimiento de sus deberes constitucionales continuará protegiendo los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Para estas zonas en particular, se implementarán dispositivos especiales y robustos por parte de la Fuerza Pública.

Por último, las garantías de seguridad son una condición necesaria para afianzar la construcción de la paz y la convivencia, y en particular para garantizar la implementación de los planes y programas acordados.

Se trata de un conjunto de medidas para:

Crear y hacer sostenibles condiciones de seguridad que den plena oportunidad de participar en política, especialmente a los ex integrantes de las FARC en proceso de reintegración a la vida civil.

Brindar protección y seguridad a todos los habitantes del territorio nacional, nuevas garantías para el ejercicio de la política a los movimientos y partidos políticos y medidas de protección a las colectividades en los territorios.

Generar condiciones de seguridad que permitan la implementación de los acuerdos y la construcción de una paz estable y duradera.

Desmantelar las organizaciones criminales y perseguir las conductas criminales, que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz.

El acuerdo de garantías de seguridad busca salvaguardar el monopolio del Estado en el uso de la fuerza, las armas y la hacienda pública, lo que significa que nadie podrá cobrar impuestos o similares distinto al Estado Colombiano. Adicional el acuerdo buscar  fortalecer la justica, proteger y promover el respeto por los derechos humanos y ampliar la participación ciudadana, la rendición de cuentas y generar garantías de no repetición.

Como parte de estas medidas, el Gobierno Nacional implementará un programa de protección integral para proteger a los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC, de sus antiguos miembros, a las sedes y a todo tipo de actividades que realicen en su proceso de reincorporación a la vida civil.

En quinto lugar, el proceso de reincorporación –en lo político, lo social y lo económico- busca facilitar la transformación de las FARC y sus integrantes en actores dentro del sistema democrático y en general el tránsito a la vida civil.

En cuanto a las medidas de reincorporación política, como condición fundamental para poderse transformar de una organización armada ilegal a un partido o movimiento político con personería jurídica, deberán haber dejado la totalidad de las armas.

Un nuevo partido sólo será reconocido luego de terminado el proceso de dejación de las armas y previo el cumplimiento de los requisitos que exige la ley para la creación de un partido (estatutos, plataforma política, entre otros), excepto la exigencia de haber obtenido el 3% de los votos depositados en la elección de Senado o Cámara de Representantes.

No habrá asignación de curules a dedo. El nuevo partido que surja del tránsito de las FARC a la vida política legal deberá participar en los procesos electorales de 2018 y 2022 para asegurar una representación mínima en el Congreso de la República.

El acuerdo garantiza una representación mínima de 5 senadores y 5 representantes a la Cámara durante los próximos dos períodos electorales. En todo caso sólo se asignarán las que faltaren para completar 5 curules, de tal manera que cuando la lista obtenga 5 o más, no se asignará ninguna adicional.

Con el propósito de contribuir a la generación de condiciones a corto y largo plazo que faciliten la construcción de proyectos de vida dentro de la civilidad por parte de los ex combatientes de las FARC, se acordaron medidas relacionadas con:

Atención a los derechos de cada ex combatiente en salud, acompañamiento psicosocial, educación y reunificación de núcleos familiares, entre otros

Apoyos económicos excepcionales y transitorios para la estabilización económica de estas personas una vez hayan hecho la dejación de armas y el tránsito a la legalidad.

Apoyos excepcionales, transitorios y diferenciados para la construcción de iniciativas de carácter individual y asociativo como la organización de Economías Sociales del Común (ECOMÚN).

Por último, se creará el Consejo Nacional de Reincorporación que será una instancia conjunta entre el Gobierno Nacional y las FARC, uno de cuyos objetivos será realizar el seguimiento al proceso de reincorporación de los integrantes de las FARC.

Por AFP