Incrementan diputados pena para el despojo; se castigarás hasta con 7 años de cárcel
La Paz, Baja California Sur.- El Congreso de Baja California Sur aprobó por mayoría incrementar la pena por el delito de despojo; actualmente contempla el Código Penal de 3 a 6 años de prisión pero tras la votación se incrementa a una de 4 a 7 años según el dictamen votado por el pleno y presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia a iniciativa que presentó el diputado Sergio García Covarrubias.
En el documento se explica por parte de la comisión dictaminadora que el delito de despojo en la actualidad ha adquirido una alta incidencia en Baja California Sur (BCS) “y casualmente este se presenta con mayor frecuencia en lugares donde se han detonado fuertes inversiones que vienen a potencializar el desarrollo económico del estado”, precisando que el despojo es un delito doloso.
Precisa el documento al cual se le dispensó la segunda lectura que este tipo de delitos, los del orden patrimonial, con excepción del robo, “no suelen considerarse como antisociales graves, aunque en realidad dichos delitos son la punta del iceberg para la comisión de conductas antijurídicas más graves que afectan la integridad y seguridad de las persons. Estos delitos, llamados comummente delitos menores, constituyen un elemento básico y esencial para la estructuración de bandas criminales que más tarde trascienden a otras esferas”.
La comisión que emitió el dictamen considera que al elevar la pena habrá un efecto de disminución de la criminalidad, por lo que se refiere al delito de despojo, lo que permitirá mantener la seguridad jurídica del patrimonio de las familias sudcalifornianas.
En contra del dictamen se mostraron las diputadas Rosa Delia Cota Montaño del PRD y Guadalupe Rojas del Movimiento de Regeneración Nacional, quienes mostraron su desacuerdo al hacer uso de la palabra, así como los diputados del PT y PRI, Camilo Torres y Joel Vargas Aguiar, respectivamente.
El diputado Alejandro Blanco comentó que este tipo de conductas ilícitas “en muchas ocasiones solapadas por anteriores autoridades estatales y municipales lastimaron los intereses legítimos de los propietarios o poseedores de estos inmuebles y creó una sensación de incertidumbre jurídica en la tenencia de la tierra, que sin duda deprimió impidió la ejecución de inversiones en infraestructura que traerían el desarrollo económico al estado”.
