EE. UU.- Un tema que ya se había tratado hace un par de semanas sigue siendo sumamente importante y aún permanece en la agenda mediática y política sin una resolución clara hasta el momento. La acción de separar familias a raíz de que la administración central implementó su política de “tolerancia cero” ha elevado la indignación del pueblo estadounidense y del mundo, debido a las acciones anti migratorias con las que se trata a personas que sólo buscan una mejor calidad de vida.

Este nuevo enfoque de odio criminaliza y procesa judicialmente a los adultos que ingresan sin papeles a suelo norteamericano. En el proceso, los niños que los acompañan son apartados de sus padres para ser alojados en centros de detención.

El presidente Donald Trump utilizó, en su momento, a los dreamers para obtener el financiamiento de su principal propuesta de campaña: el muro. Ahora pretende utilizar a los niños migrantes e indefensos como moneda de cambio para fortalecer su política de “tolerancia cero”.

En Estados Unidos, cuando los inmigrantes eran detenidos por su estatus legal, tenían derecho a comparecer ante un magistrado que decidía si debían ser expulsados o si, por el contrario, podían permanecer en el país al tramitar una petición de asilo, dadas sus condiciones de vulnerabilidad.

Esta garantía de un estado de derecho está siendo suprimida al extorsionar a los padres de familia con separarlos de sus hijos si no firman voluntariamente la deportación inmediata, sin derecho alguno de audiencia.

La indignación creció a partir de imágenes compartidas en las redes sociales, en las cuales se muestran niños que permanecen hacinados en jaulas en condiciones desfavorables, dentro de centros de detención privados operados bajo contrato con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

Ante las fuertes críticas mundiales generadas por dicha esa separación, Trump se vio obligado, el pasado 20 de junio, a firmar un decreto en el que ordenaba “el fin de la división de familias al tiempo de su detención, dejando la posibilidad de la separación de padres e hijos después de los tramites con ICE”. El decreto tampoco ofrece remedio a la detención infantil, pues, a partir de ahora, los menores deberán ser encerrados con sus padres mientras estos se enfrentan al proceso para ser deportados.

Tras el decreto y hasta el momento se han reunificado cerca de 500 padres con sus hijos o tutores, sin embargo, cerca de 2 mil menores siguen recluidos, según datos publicados por el Departamento de Seguridad Nacional. También se reportan varios casos en los que los padres ya fueron deportados sin ser reunidos con sus hijos, dejando a decenas de familias separadas.

De atenerse al ritmo de la administración de Trump, la reunificación de todas las familias podría demorar varios meses. De ahí que una coalición de estados del norte del país haya presentado una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, para forzarlo a reunir, lo antes posible, a los niños con sus padres.

Actualmente, en Estados Unidos, los niños no pueden ser privados de la libertad durante más de 20 días, pero el gobierno de Trump ha pedido a la justicia que amplíe ese límite.

La orden ejecutiva no contempla eliminar la política de “tolerancia cero” hacia los migrantes, pues, aunque las familias no serán separadas mientras se enjuicia a los padres para su proceso de deportación, serán detenidos por igual en condiciones inhumanas.

El 24 de junio, Trump declaró, en su cuenta de Twitter, lo siguiente: “No podemos permitir que esta gente invada nuestro país. Cuando alguien entra, debemos inmediatamente, sin jueces o casos judiciales, enviarlos de vuelta por donde vinieron”.

Las protestas van en aumento. El pueblo americano dejó claro que no tolera este tipo de prácticas, al salir a las calles para alzar la voz y pedir que se elimine la política de “tolerancia cero”; en estas protestas participaron senadores, congresistas y distintas celebridades, todos unidos para hacer un alto a la política del odio.

El 17 de junio comenzaron las movilizaciones, la primera en Portland, Oregon, donde un grupo de manifestantes se reunieron alrededor de una prisión federal, mismo caso que el 20 de junio en Manhattan.

Más protestas se llevaron a cabo fuera de los centros de detención en McAllen, Texas, California y el Tornillo. Incluso personalidades del partido Republicano se han pronunciado en contra de estas acciones, como es el caso de Laura Bush: el senador por Nebraska, Ben Sasse; la senadora por Maine, Susane Collins; y el senador por Arizona, Jeff Flake, entre otros.

Recientemente, una juez federal de Chicago, Dana Sabraw, puso un plazo de 30 días para que niños sean devueltos con sus padres. La juez emitió un requerimiento para que todos los niños inmigrantes que hayan sido separados de sus familias sean devueltos.

En el caso de menores de 5 años, la decisión establece que tienen que ser regresados con sus padres en un plazo de 14 días. Si se trata de niños mayores de esa edad, hay una prórroga de 30 días.

La decisión del juez de Chicago se une a la demanda de 17 estados del país del norte presentada contra el gobierno de Donald Trump, para intentar forzarlo a reunir a las familias de inmigrantes inhumanamente separadas al intentar ingresar a Estados Unidos desde México. “Esta es una política deshonesta, cruel e inconstitucional”, señaló Bob Ferguson, fiscal general en Washington, y quien liderará una coalición de estados en la demanda.

A pesar de las protestas y el intento por solucionar este problema originado por las políticas de odio de la administración central, la intención sigue siendo, como lo ratificado por Jeff Sessions, de procesar a cada adulto que intente ingresar a Estados Unidos, sin importar su contexto.

Aunado a esta guerra contra los migrantes, recientemente, la Corte Suprema de Estados Unidos concedió al presidente Donald Trump una de sus mayores victorias en el tema, al respaldar su prohibición de viajes contra ciudadanos de varias naciones de mayoría musulmana. Con este fallo a su favor, ahora Trump puede pedir a tribunales menores que revoquen los dictámenes que bloquearon el decreto de prohibición anunciado en septiembre. Esta orden también causa que las familias sean separadas.

La política anti migratoria sobrepasó los temas humanitarios. Las próximas elecciones determinarán una disyuntiva fundamental: seguir con la línea del presidente Trump o salir a votar por un contrapeso que cambie la trayectoria actual de ese país.

Texto: Ben Monterroso

Foto: Karen Janett Carranza

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