La Paz, Baja California Sur.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Rochín Alvarez, señaló que “la incapacidad del presidente para lograr acuerdos, confirma una vez más el talante autoritario de un gobierno que busca siempre imponer su punto de vista”, después de que se dio a conocer la negativa del presidente para aceptar los acuerdos que se habían logrado tanto con la Secretaría de Salud como con el propio Instituto de Salud y para el Bienestar (Insabi).

El dirigente estatal señaló que “reconocemos el esfuerzo del Gobierno de Baja California Sur (BCS) con los ciudadanos, con quienes mantiene firme el compromiso de seguir brindando atención medica a todas las personas que no cuentan con la cobertura de otros servicios de seguridad social, tal cual la recibieron hasta el último día del 2019, por medio del ahora desaparecido Seguro Popular.

“Entrarle o no al Insabi no es tan sencillo como pedir que el Gobierno de México se haga cargo en adelante de la salud, como lo quieren expresar algunos”, aclaró Rochín Alvarez, quien abundó que precisamente es el Gobierno Federal quien necesita reconsiderar un modelo actual del Insabi que deja todas las cargas financieras a los estados, quitándoles además los recursos necesarios para solventarlas.

“El Gobierno Federal debería entender que en las entidades federativas hay experiencia acumulada en la prestación de servicios médicos, hay inquietudes que deben ser escuchadas”, expresó. Por eso, el líder estatal del PAN lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador continúe tomando decisiones basadas en contiendas políticas, en lugar de políticas públicas para todos.

Indicó que los gobernadores del PAN tienen como objetivo que el servicio de salud no pierda calidad, sino por el contrario, que mejore cada día, por esa razón proponían la gratuidad progresiva en todos los servicios, dando viabilidad financiera para que los servicios de salud no colapsen por falta de recursos; incrementar el porcentaje del PIB que se destina a la salud pública, pasando al menos del actual 2% al 5% que recomienda la OCDE y la Organización Mundial de la Salud (OMS); conservar y ampliar la cobertura que se venía atendiendo con el Seguro Popular; y que en todo momento haya médicos, enfermeras y medicinas en todos los hospitales públicos.

Por último, indicó que “ante esta crisis de salud, el gobierno federal debe de poner en primer lugar garantizar el derecho a la salud de calidad, antes que tomar decisiones autoritarias de carácter político electoral.”

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