Los Cabos, Baja California Sur.- El despido de una enfermera del hospital del ISSSTE en Santa Rosalía por haber grabado un video donde se mostraba una rata en las instalaciones del nosocomio ha generado controversia. En respuesta a esta situación, el líder social Alejandro Rojas y su grupo, Rojas & Asociados, han tomado la iniciativa de brindar asesoramiento legal a la trabajadora de la salud. Consideran que su despido se fundamenta en actos de prepotencia, injusticia y abuso de poder, elementos que van en contra de los principios que defienden en su despacho y en el Consejo Ciudadano Anticorrupción.

Rojas señala que, al asumir la defensa legal, han obtenido acceso a documentación y testimonios que respaldan la versión de la enfermera. Alega que el administrador del ISSSTE en Santa Rosalía y su esposa, quien desempeña el cargo de jefa de Recursos Humanos, han visitado en repetidas ocasiones el hogar de la enfermera, dejando documentos y realizando preguntas a los vecinos sobre ella. Estos actos, según Rojas, podrían implicar posibles delitos penales en virtud de su naturaleza intimidatoria.

El abogado sostiene que las acciones tomadas por el administrador y su esposa podrían encajar dentro de la definición de “intimidación” establecida en el Código Penal Federal. Según esta definición, comete el delito de intimidación un servidor público que, mediante violencia física o moral, obstaculice a una persona de presentar denuncias o información relacionada con posibles conductas delictivas o faltas administrativas. Además, podría aplicarse este delito cuando el servidor público realice actos ilícitos o evite actos lícitos en respuesta a denuncias anteriores.

En esta situación, Rojas subraya que la enfermera, quien denunció condiciones insalubres en el hospital, es la menos responsable y que su objetivo era el bienestar de los pacientes. Rojas hace referencia al artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, que menciona la “probidad” como una causa justa para la rescisión de un contrato laboral. En este contexto, Rojas argumenta que la enfermera no incurrió en actos de robo, vandalismo o inmoralidad, sino que simplemente expuso una preocupación de salud pública.

Además, Rojas insta a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) a intervenir en el asunto. Solicita inspecciones en los hospitales del ISSSTE en Baja California Sur para verificar su nivel de salubridad. También exige que se cumplan las normativas oficiales, incluidas las fumigaciones y contratos con empresas de control de plagas, con el objetivo de asegurar la calidad de los servicios médicos y la seguridad de los pacientes. Rojas destaca que esta cuestión debe ser una prioridad para la representación local del ISSSTE.

Compartir noticia en: