Obligatorio antidoping para servidores públicos estatales y municipales en BCS
La Paz, Baja California Sur.- El Congreso de Baja California Sur (BCS) aprobó por unanimidad de votos incluir en la recién aprobada Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado la obligatoriedad de que quienes ocupen espacios de responsabilidad en las administraciones estatal y municipal se realicen anualmente, en agosto, exámenes toxicológicos.
Los exámenes estarán bajo la responsabilidad de laboratorios de la Secretaría de Salud en BCS y se proceda a la inhabilitación o destitución del cargo de quien resulte positivo de consumir una sustancia prohibida por la ley.
Los servidores públicos obligados -por ley- a realizarse cada año el examen antidoping son en el Poder Ejecutivo de BCS: gobernador, titulares de despacho, subsecretarios, directores generales, coordinadores administrativos, contralor del estado, revisor fiscal; en tanto que en el Poder Legislativo tienen la obligación de realizarse esta prueba todos los diputados. En el caso del Tribunal Superior de Justicia la obligación es para magistrados, integrantes del Consejo de la Judicatura, jueces del fuero común y magistrados del Tribunal Estatal Electoral (Triee).
Asimismo se contempla que los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral (IEE), el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el presidente de la Junta de Conciliación Arbitraje, los comisionados del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI), se realicen los exámenes cada año. En lo que concierne a los ayuntamientos, corresponderá al presidente municipal, síndicos, regidores y delegados municipales realizarse los exámenes toxicológicos.
En caso de que un servidor público se niegue a efectuarse este tipo de exámenes, tendrá un plazo no mayor de 10 días para hacerlo y de persistir en su negativa de efectuarlo será destituido.
En el supuesto de que un servidor público sea positivo en el examen que se le realice podrá ser acreedor a sanciones como la amonestación de carácter pública o privada, suspensión del empleo cargo o comisión, destitución, e inhabilitación temporal de la responsabilidad y para participar en arrendamientos, servicios u obras públicas y adquisiciones. La norma específica que se pueden aplicar una o más sanciones, de acuerdo a la gravedad de la misma.
El diputado Edson Gallo Zavala propuso un artículo transitorio en el que se establece que 90 días después de que sea publicado el decreto conteniendo estas obligaciones, el gobernador y los ayuntamientos deberán presentar el reglamento correspondiente en donde quedarían plasmados los mecanismos que se seguirían para la práctica de los exámenes toxicológicos a los servidores públicos del estado y municipios de BCS.
Por su parte, el diputado Joel Vargas Aguiar, a nombre de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) señaló que es un gran avance para Baja California Sur el aprobar la propuesta de los exámenes toxicológicos, “creo que esto es una necesidad, más allá de criterios de la Suprema Corte, que señalaba que violaba los derechos humanos, por lo pronto a favor de esta propuesta, que es un importante mensaje a la sociedad sudcaliforniana”, precisó el legislador.
