La semana anterior todos estuvimos atentos a lo que pasara con la Ley de Movilidad para Baja California Sur. Sí, esa ley que lleva más de un año en la congeladora legislativa porque Leonel Cota Montaño y Víctor Manuel Castro Cosío instruyeron a los diputados de Morena su bloqueo, según la denuncia pública hecha por la diputada panista Elizabeth Rocha Torres.

Sin embargo, aunque todos sabemos, o por lo menos lo hemos escuchado, que algunos diputados (Esteban Ojeda Ramírez y Milena Paola Quiroga Romero, principalmente) obedecen ciegamente a Castro Cosío cuando dice que primero están los taxistas, llamó poderosamente mi atención las declaraciones de la diputada Perla Guadalupe Flores Leyva.

Resulta, en pocas palabras, que el Congreso del estado está legislando la forma con la cual puedan dejar a Uber fuera del negocio de plataformas digitales para el traslado de pasajeros. La próxima y renovada Ley de Movilidad tiene un vicio que debe corregirse para no ser discriminatoria.

Según la diputada, las plataformas digitales deberán ser creadas y operar en Baja California Sur, y sus choferes, de igual forma, deberán tributar en esta entidad. Con ello se trata de impedir que cualquier otra empresa, aunque sea mexicana, no pueda operar en la entidad si no tributa en ella.

¿Qué pasa si una empresa mexicana pretende operar una aplicación similar a Uber pero tributa en otro estado? ¿Baja California Sur para los sudcalifornianos o para todos los mexicanos? ¿La Ley de Movilidad está a la altura de lo que esperamos?

La postura de la bella diputada puede causar conflictos. No se puede ni se debe discriminar a cualquier empresa mexicana o particular nacional que pretenda generar una ganancia económica en cualquier región del país. Es más, parece que la futura Ley de Movilidad, más que apoyar a las plataformas digitales, les da ventaja a los taxistas para que sigan prestando un servicio deplorable.

Según Leyva Flores, en una entrevista pública, dijo que el objetivo de los diputados es bloquear que plataformas transnacionales operen en el estado. Aquí salta otra pregunta: ¿también los diputados deberían impedir que McDonald´s y Burger King operan en Baja California Sur, y empezar a consumir en algún carrito callejero porque esta empresa tributa aquí?

Al parecer, el criterio de la diputada del Partido Encuentro Social denota que son víctimas de las amenazas de los taxistas, por ello buscan una forma elegante de bloquear a Uber. Lo sano, desde mi punto de vista, sería regular la actividad en general pero no crear candados para unos cuantos.

Si bien es cierto que la Ley de Movilidad es más que Uber y/o taxistas, queda en evidencia el criterio raquítico con el cual se legisla este tema. Asimismo, si bien es cierto que Uber no tributa en Baja California Sur, sus choferes sí. ¿Entonces en dónde está el conflicto?

Al parecer la Ley de Movilidad viene más manoseada que vagabunda en quincena. Habrá que esperar a la próxima sesión del Congreso y conocer los términos exactos en los que habrá de operar. Pero lo cierto es que no podemos privarnos de contar con mejores servicios y precios, así las empresas sean transnacionales.

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