Los Derechos Humanos son una serie de enunciados en los que se establecen las condiciones mínimas o libertades a las que todo ser humano debe de acceder para poder lograr su realización como persona. Estos derechos son universalmente reconocidos y su ejercicio impide que se generen condiciones de injusticia contra ciudadanos o grupos de personas que, de lo contrario, derivarían en abusos y atropellos que dañan el tejido social.

El acceso a la educación, la salud, la vivienda y el empleo son algunos de los derechos con los que las personas deben contar. Estos derechos deben ser respetados por el Estado y ejercidos por los ciudadanos cotidianamente sin problema alguno, sin embargo, y de manera lamentable, en nuestro país existe una larga serie de violaciones a leyes y tratados en la materia, suscritos por la propia autoridad.

Uno de los Derechos Humanos incumplidos por el gobierno mexicano, es el acceso al agua. El derecho al agua y saneamiento fue reconocido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 28 de junio del 2010.

Actualmente, debido al deterioro ambiental que está padeciendo el planeta, y la consecuente escasez de agua, el acceso al agua es un derecho vigilado por diversos organismos y comunidades, tanto a nivel global como local. Esto implica que garantizar este derecho es una responsabilidad compartida por la comunidad global.

En México, el 8 de febrero del 2012 se estableció el derecho al agua en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de la siguiente manera:

Art. 4º.

Párrafo 1º. al 5º.

6º.

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

La actuación irregular de un Estado en materia de derechos humanos, no solamente afecta a los grupos de la población inmediata, sino que afecta directa o indirectamente a todos los ciudadanos, por lo que mientras más rápida y eficazmente reaccionemos como comunidad ante estas irregularidades, mayor será nuestro acceso a estas libertades.

Agua con arsénico

Al norte de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, residentes de las colonias de El Centenario, Ampliación Centenario y Comitán nos enteramos de que el agua de los pozos que abastecen nuestras colonias (La Ardilla 1 y 2), presentan arsénico con niveles por encima de la norma oficial mexicana NOM-127.

Conforme fuimos investigando más, nos enteramos de que la autoridad competente, gracias a la sociedad civil organizada, ya estaba enterada de este lamentable hecho. Así que nos dimos a la tarea de buscar asesoría legal, política y académica, con el objetivo de organizarnos para exigir a las autoridades que difundieran apropiada y profesionalmente esta delicada información.

Asistimos a distintos foros ciudadanos como el Consejo de Cuencas y el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Sustentable de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), para que nos apoyaran y ejercieran presión sobre las autoridades responsables para que exigieran solución la problemática.

Amparo

Las autoridades responsables hicieron caso omiso a todas nuestras demandas, nos daban largas, no daban aviso sobre la contaminación en el agua, nuestra desesperación era mucha, pero, gracias a una buena y oportuna asesoría legal, un grupo de ciudadanos inconformes y afectados directamente, sometimos un juicio de amparo contra las autoridades responsables, exigiendo soluciones. Dado que se trató de un caso sólido y que además se presentaron pruebas concretas, el juez aceptó el juicio de amparo.

Sin embargo, con todo a nuestro favor y las autoridades responsables con todo en su contra, no reconocieron, ni así, el problema públicamente. Por ejemplo, el secretario de Salud, Víctor George Flores, declaró que no sólo no había arsénico en el agua de los pozos Ardilla 1 y 2 sino que la población podía estar tranquila y preparar los alimentos con ella.

Ante esta situación, Camilo Torres Mejía, miembro de nuestro equipo, y en ese periodo, inesperada y afortunadamente diputado del Partido del Trabajo, lanzó un pronunciamiento y mandó a comparecer al secretario de Salud ante el Congreso del Estado, para que presentara sus supuestas pruebas y estudios que soportaban la ausencia de arsénico en el agua. Se trataba de estudios que ni si quiera detectan la presencia de arsénico. Se expuso su total falta de preparación y conocimiento en la materia.

Participación ciudadana

Así pues, las autoridades no tuvieron otro camino que tomar que el de reconocer el problema públicamente, y, finalmente, alertaron e informaron a la comunidad afectada directamente sobre esta situación. Los ciudadanos involucrados desde el principio en este problema, ayudamos incluso con el diseño de los folletos que se repartieron, trabajamos junto con las autoridades para diseñar la estrategia de difusión. Por primera vez sentimos el placer de poder colaborar de manera formal y cordial con nuestras autoridades, en favor de nuestras comunidades de El Centenario y Chametla.

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