La Paz, Baja California Sur.- Han trascurrido más de cuatro semanas desde que el magisterio de Baja California Sur (BCS) decidió estallar un paro laboral, exigiendo que se solucionara una deuda histórica del pago de quinquenios. Durante dicho periodo, no solamente se ha detendido la actividad laboral de los docentes, sino también la educación del alumnado a lo largo y ancho del estado.

La media península ha experimetado un efecto que, de acuerdo con la presidente de la Asociación de Padres de Familia en Los Cabos, podría ser igual o peor al rezago educativo generado en tiempos de pandemia. Además, otras de las afectaciones han sido las numerosas manifestaciones en contra del libre tránsito de la ciudadanía, con el bloqueo de vialidades y carreteras para ejercer presión social y así, el Gobierno de BCS cubra en su totalidad la deuda que por más de 20 años, no fue atendida.

Al respecto, la administración estatal ha mantenido puertas abiertas y mesas de diálogo para encontrar una solución a la problemática, sin poner en riesgo el presupuesto designado para otras áreas. A pesar de que los maestros no se presenten a las aulas, han recibido sus salarios íntegros. Es decir, con todo y prestaciones, con descansos los fines de semana, días festivos, incluyendo, Día del Niño, del Trabajo, de las Madres, Día del Maestro, además del 15% de compensación estatal.

La capacidad económica del Gobierno de BCS está a su límite, si llega a ceder, significa que logró obtener un apoyo extraordinario para satisfacer la demanda de los quinquenios o bien, tendrá que recortar los presupuestos de las diferentes secretarías de la adminsitración estatal- incluyendo programas extraordinarios de salud pública, programas educativos, vivienda, programas sociales prioritarios, caminos rurales, apoyo a pescadores, a madres solteras, jóvenes y diversas obras comunitarias para la población vulnerables del Estado.

Los maestros han utilizado métodos de presión contra el Gobierno para que les pague una prestación, violentando derechos ciudadanos y de niños y jóvenes. Sin embargo, tal pareciera que las autoridades no pueden utilizar medidas para exigir qué los paristas vuelvan a sus escuelas y recuperen las clases perdidas, y cumplan con su responsabilidad al derecho humano a la educación.

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