Proponen desaparecer la PGJE y crear la Fiscalía General de BCS
La Paz, Baja California Sur.- La Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó iniciativa de reformas a la Constitución Política del Estado de Baja California Sur con la finalidad de crear la Fiscalía General del Estado, instancia pública que sustituiría a la actual Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)
Desde 2014, tras la modificación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se obliga a las entidades federativas del país “a garantizar en sus propias constituciones locales que las funciones de procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos”, dijo el diputado priista Amadeo Murillo Aguilar.
Las modificaciones surgieron de la idea de dar fortalecimiento a la institución del Ministerio Público, “por ser la procuración de justicia el instrumento con que cuenta el Estado para salvaguardar los derechos fundamentales de las personas, permitir que la sociedad conviva pacíficamente y disfrute de una verdadera seguridad jurídica.”.
Dio a conocer que en entidades como Aguascalientes, Guerrero, Pueblam Nayarit, Veracruz, Querétaro y Chiapas ya se han transformado sus procuradurías estatales “dejando de ser dependencias o áreas de los poderes ejecutivos para pasar a ser organismos autónomos”.
“Es necesario y urgente” que en Baja California Sur (BCS) sea creado “un órgano constitucional autónomo que esté encargado de las tareas de procuración de justicia. Por ello, la iniciativa de reformas y adiciones a la carta magna sudcaliforniana”, precisando, el diputado, que presentan la iniciativa porque se desprende de un mandato de la Constitución Política.
El mecanismo de selección que propone la Fracción del PRI, establece que el Congreso del Estado convocará a cinco ciudadanos para integrar una comisión de selección integrada “por ciudadanas y ciudadanos de reconocido prestigio”, la cual funcionará por espacio de tres años y tendrá como responsabilidad realizar la evaluación técnica de los aspirantes al cargo de fiscal en el estado. Una vez evaluados los aspirantes, el Poder Legislativo enviará al gobernador cinco nombres de ciudadanos sudcalifornianos que cumplan con los requisitos, para que el propio gobernador seleccione una terna que reenviará al Congreso para su aprobación.
“Nosotros como Poder Legislativo estamos obligados a buscar y generar acciones que nos permitan fortalecer a las instituciones. Esta es una propuesta constitucional que se inscribe en ese contexto”, apunto el legislador.
