Razones por las que Víctor Castro perdió el control del Congreso de BCS
La Paz, Baja California Sur. – Al interior del Congreso de Baja California Sur los conflictos políticos crecieron cuando Víctor Manuel Castro Cosío, coordinador de Programas Federales en Baja California Sur (BCS) fue exhibido de dar órdenes a ocho diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). ¿Pero verdaderamente qué ocasionó la pérdida del control del Congreso del grupo de Castro Cosío, ese grupo encabezado por la diputada Milena Quiroga Romero?
Al interior del Congreso de BCS existía una inestabilidad en la plantilla de personal de base y confianza por actitudes de terrorismo laboral desde el inicio de la legislatura, atribuibles a diputada Milena Quiroga Romero y la fracción Morena que apoya.
Desde el inicio se amenazó con despidos, reducciones de sueldos y de prestaciones ya adquiridas por personal de base, confianza y asesores. Esto enrareció el ambienta de trabajo en detrimento de la institución. El trabajo que esta institución le brinda al estado se logra no sólo por los diputados sino por la contribución que hacen los empleados.
La reestructuración de sólo 5 de las 29 comisiones permanentes de dictamen que están conformadas, corrige omisiones legislativas y violaciones la ley reglamentaria, y salvaguarda los derechos de incorporar a legisladores que no presidian comisiones, como la diputada Elizabet Rocha Torres, que al inicio de la legislatura fue marginada al no presidir ninguna comisión. Al igual que el diputado Ramiro Ruiz Flores, quienes, desde marzo de 2019, al ser removido de la Comisión de Cuenta y Administración no presidia ninguna comisión; y este es un derecho de todos los legisladores. Pero sobre todo este cambio, dinamiza el trabajo en comisiones que desarrolla el poder legislativo del estado en favor de la sociedad sudcaliforniana, exponiéndose algunas de las razones para dichos cambios:
La Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado fue omisa al no emitir con oportunidad los dictámenes correspondientes a las cuentas públicas. Ya que sólo ha emitió 3 informes de cuenta pública, y 1 dictamen de cuenta pública, cuando para julio debió de presentarse ante el pleno los 22 informes de cuenta pública y la aprobación o no de las cuentas públicas de los sujetos fiscalizables. Aunado a lo anterior, fue omisa en presentar ante el pleno legislativo un plan de trabajo encaminado a cómo obligar que los entes fiscalizados mejoren su trabajo de comprobación de gastos, entendiéndose que las facultades de la Auditoria, como de la Comisión de Vigilancia, si bien son de control, también tiene las de capacitación para lo antes fiscalizables para que apliquen bien sus recursos conforme a los parámetros de las leyes que controlan el gasto público, haciendo que el Congreso del estado como poder soberano incumpla con lo establecido en la fracción XXX del Artículo 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur en materia de fiscalización de los recursos públicos, lo que sin duda es una muestra clara de la falta de operatividad, de eficiencia y de eficacia de la citada comisión, atribuible a su presidente, Homero González Medrano y al secretario, diputado Humberto Arce Cordero; por eso se aprobó removerlos de sus responsabilidades.
El diputado González Medrano continuará siendo secretario de las tres comisiones legislativas de las que forma parte, y presidente de la Comisión de Desarrollo Social, dándole oportunidad para darle movimiento y dinamismo a dicha comisión que aborda todo lo relacionado con la política social que debe aplicarse en nuestra entidad, desde la legislación como en la aplicación de políticas públicas, ya que hasta la presente fecha, la Comisión de Desarrollo Social no ha presentado trabajo legislativo.
En cuanto a la restructuración de la Comisión de Asuntos Fiscales y Administrativos, se removió a su presidente, la diputada Quiroga Romero y al secretario, el diputado Ojeda Ramírez.
Lo anterior a fin de abatir el rezago legislativo correspondiente a la presente legislatura, lo cual es atribuible a su presidente, quien coordina los trabajos de dicha comisión. Lo cual constituye una comisión legislativa, contraviniendo el Artículo 55 Fracción VII de la Ley Reglamentaria. Omisión que se debe a que su presidente tenía muchas funciones, como lo es ser presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, presidente de la Comisión del Agua, coordinadora de fracción parlamentaria de Morena, y secretaria en 4 comisiones legislativas del Congreso, lo que le impedía desarrollar de manera óptima su trabajo como presidente de esta importante comisión legislativa que atiende todo lo relacionado en la administración pública en todos sus niveles; la aprobación del presupuesto del Gobierno del estado, las haciendas municipales, los empréstitos del estado y municipios, así como celebración de contratos de los mismos.
Igual fue la consideración para remover al secretario diputado Ojeda Ramírez, quien también tiene muchas responsabilidades en otras comisiones legislativas y órganos del Congreso del estado.
En cuanto a la restructuración de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia se propone remover a su presidente, el mismo diputado, Ojeda Ramírez. Lo anterior a fin de dinamizar el trabajo legislativo de dicha comisión, misma que si bien ha dictaminado un buen número de asuntos, también no ha sacado el rezago legislativo correspondiente a la presente legislatura, lo cual es atribuible a su presidente, quien coordina los trabajos de dicha comisión, ocasionando una omisión legislativa grave, derivado de que muchas iniciativas presentadas por legisladores no han sido dictaminadas. Tampoco su presidente ha informado al pleno legislativo las motivaciones para no sacar adelante el rezago legislativo existente, ni un plan que indique cómo sacarlo adelante, lo cual contraviene el Artículo 55 Fracción I de la ley Reglamentaria.
El diputado Ojeda Ramírez tenía varias responsabilidades: presidente de la Comisión de Asuntos Educativos, integrante del Comité de Transparencia del Congreso, y miembro de otras 3 comisiones legislativas importantes y con cargas de trabajo.
En cuanto a la restructuración de la Comisión de Igualdad y Equidad de Género, de la que se removió a su presidente, diputada Rosalba Rodríguez López y, a la diputada María Mercedes Maciel Ortiz, se debió a 3 razones:
1.- Hacer más dinámico el trabajo de dicha comisión legislativa y hacerla más inclusiva, para que no prevalezca ninguna ideología sobre la de otras, sino que sea plural en su conformación.
2.- Darles participación a legisladoras que habían sido marginadas en su derecho a presidir comisiones.
3.- Tiene que ver con que la agenda del medio ambiente es igual de importante que la de igualdad de género, y en ese sentido para que ambas agendas estén bien atendidas, se requiere que quienes presidan esas comisiones no se distraigan con otras responsabilidades iguales de importantes. Así tenemos que la diputada Rodríguez López presidía ambas comisiones: la de Igualdad de Género y la de Medio Ambiente. Por lo tanto, se le removió como como presidenté de la Comisión de Igualdad de Género.
En cuanto a la reestructuración de la Comisión de Cuenta y Administración, se removió como secretarios a la diputada Mercedes Maciel Ortiz y al diputado Esteban Ojeda Ramírez, en virtud de que ambos legisladores eran también integrantes del Comité de Transparencia del Congreso, constituyéndose como jueces y parte; ya que por un lado firmaban las cuentas de los gastos, y por el otro, ellos mismos auditaban.
Hubo avasallamiento del grupo que hoy es minoría, en la conformación de comisiones al inicio de la legislatura, ello les permitía dictaminar lo que ellos decidían, y que se quedaran en la congeladora lo que no querían que saliera como la ley de movilidad.
La facción de Morena, ligada a Víctor Castro, desde el inicio de la presente legislatura, estableció una la línea política para aniquilar a las representaciones políticas que provenían y pensaban diferente. Se negó el derecho de conformación y reconocimiento como fracción parlamentaria al PAN. Luego, en diciembre de 2018, se dejó de reconocer a la fracción parlamentaria del Partido Encuentro Social (PES).
