Los Cabos, Baja California Sur.- De acuerdo con el abogado Alejandro Rojas, el Poder Judicial de la Federación (PJF) enfrenta importantes cambios estructurales tras la reciente aprobación de la reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que implicará tanto retos como beneficios sustanciales para la ciudadanía.

De acuerdo con un análisis de la firma Rojas & Asociados, uno de los cambios más significativos será la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pasando de 11 a 9 integrantes. Además, se suprimen las salas primera y segunda de la Corte, permitiendo que el tribunal sesione únicamente en Pleno.

Otro ajuste relevante es la disminución del requisito de votos necesarios para que las resoluciones del pleno sean vinculantes, reduciéndose de ocho a seis votos. Asimismo, la remuneración de los ministros ya no podrá exceder el salario del presidente de la República, consolidando una medida de austeridad.

La duración en el cargo de los ministros también se ve afectada, ya que se reduce de 15 a 12 años el tiempo que podrán ejercer sus funciones, al mismo tiempo que se elimina la pensión vitalicia que recibían al retirarse.

Por otra parte, la elección de los ministros sufrirá una transformación profunda. Serán seleccionados mediante un proceso electoral en el que la ciudadanía votará a nivel nacional. El Senado será el encargado de emitir la convocatoria, mientras que el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial postularán a los aspirantes. Posteriormente, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas organizará la votación.

Cabe destacar que se han endurecido los requisitos para ser designado ministro, incluyendo la prohibición de haber sido magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el año previo al proceso de selección. Además, se elimina la disposición que exigía que los aspirantes debieran haber servido “con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia”.

Finalmente, la reforma establece que, en caso de que un ministro se ausente por más de un mes, el presidente de la República enviará una terna al Senado, que decidirá por mayoría de votos quién ocupará el cargo de manera interina.

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