Reculan magistrados en defensa de Adriana Rojas; sorprende decisión
Los Cabos, Baja California Sur.- A pesar de la existencia de una resolución unánime de violencia política en razón de género, un mes después, dos magistrados cambiaron de parecer y determinaron no aplicar ninguna sanción en contra de Ernesto Altamirano Solano, coordinador de Movimiento Ciudadano en Baja California Sur (BCS), quien fue acusado de haber ejercido dicho conducta violatoria de los derechos políticos de Adriana Rojas, compañera de partido y coordinadora municipal en Los Cabos.
No obstante, la magistrada Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz se mantuvo firme en su determinación y declaró que, desde su punto de vista, sí se encuentra acreditado que la denunciante, Adriana Rojas, ocupaba el cargo de coordinadora municipal de Movimiento Ciudadano en Los Cabos, y que su destitución sí genera una afectación desproporcionada por ser mujer.
Un punto importante que destaca la magistrada es que, en BCS, al interior de Movimiento Ciudadano no existen nombramientos y que los cargos se desempeñan de facto. Tal es el caso de Maritza Muñoz, quien ha manifestado no poseer un nombramiento estatutario, sin embargo, se ocupa como Enlace Legislativo.
Apodaca Ruiz sentenció que la falta de seguridad jurídica que se le causó a Adriana Rojas, al no expedírsele su nombramiento de acuerdo a las funciones que realiza y que el propio partido consistió, así como su posterior desconocimiento, se trata de prácticas de subordición e inferioridad que hacen menos a las mujeres.
La magistrada también refiere que si Adriana Rojas sostenía conversaciones con el dirigente de Movimiento Ciudadano sobre cuestiones partidarias, ello deja ver que la denunciante sí tenía actividades políticas al interior del partido a nivel local.
Ante las incosistencias en el criterio de los magistrados que, de un mes a otro cambiaron su postura, abogados de Adriana Rojas ya tomaron cartas en el asunto y analizan la posibilidad de interponer una denuncia penal con la sentencia de los tres magistrados que fallaron sobre la violencia política en razón de genéro, a fin de llegar hasta las últimas instancias para que se haga justicia en este caso.