La Paz, Baja California Sur.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en análisis  del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano relativos al expediente SUP-JDC-724-2020, otorgó medidas de protección a favor de los diputados Daniela Viviana Rubio Avilés, Lorenia Lineth Montaño Ruiz, Perla Guadalupe Flores Leyva, Anita Beltrán Peralta, Elizabeth Rocha Torres, Maricela Pineda García, José Luis Perpuli Drew y Rigoberto Murillo Aguilar.

La resolución tomada por unanimidad, con fecha viernes 5 de junio del presente año, determinó violaciones de una mayoría legislativa en el Congreso de Baja California Sur a la constitución federal, tratados internacionales, leyes federales, y ordenamientos locales. El ponente de la resolución fue el presidente de la Sala Superior Magistrado, Felipe Alfredo Fuentes Barrera.

Asimismo, se determinó otorgar medidas de protección para los ocho diputados en mención.

1.- Se ordena que el Congreso del Estado de Baja California Sur se abstenga de realizar cualquier acto de violencia política y acciones discriminatorias en contra de los ocho diputados.

2.- Los diputados de Morena, PT y sin partido, así como cualquier miembro del Poder Legislativo deberán de abstenerse de impedir el ingreso a los ocho diputados a las instalaciones del Poder Legislativo.

3.- Se ordena la asignación de escoltas, vigilancia y protección  a los ocho diputados por parte de las autoridades locales.

En sus razonamientos, la Sala Superior mencionó que esas medidas de protección son complementarias a las que otorgó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con fecha 29 de mayo de 2020, en el Incidente de Suspensión formulado con motivo de la Controversia Constitucional 84/2020 interpuesto por el Poder Ejecutivo de Baja California Sur (BCS) en contra de actos del Poder Legislativo.

Es decir, ya no se pronunció sobre otras medidas solicitadas por los diputados demandantes en razón de que la SCJN ya se las había concedido al suspender todos los actos realizados por la legislatura después de la suspensión de la sesión ordinaria y de los trabajos legislativos que realizó la diputada Rubio Avilés en su carácter de la presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el martes 17 de marzo de 2020. Tales como la ilegal destitución de la diputada Rubio Avilés como presidente de la Mesa Directiva, la ilegal suspensión de ocho diputados a sesionar y el ilegal llamado a sus suplentes, y el juicio político en contra de ocho diputados, así como de todos los actos que se derivaron de las sesiones llevadas a cabo por los diputados de Morena, PT y sin partido desde el 17 de marzo al 2 de junio del presente año.

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