Se ampara Ayuntamiento contra PGR; buscan procesar a Esthela Ponce
La Paz, Baja California Sur- El Ayuntamiento de La Paz presentó un amparo buscando la protección de la justicia federal contra actos de la Procuraduría General de la República (PGR), cuya delegación en Baja California Sur se declaró, la semana pasada, incompetente para resolver las denuncias presentadas por presuntos desvíos contra la exalcaldesa priista Esthela Ponce Beltrán.
“Procedimos, por supuesto, al amparo, y, la PGR estatal nos informa que esto pasó a la subprocuraduría de delitos de servidores públicos, que es el que lleva los temas ahorita tan citados de los exgobernadores”, dijo el alcalde Armando Martínez Vega durante un recorrido en el malecón para coordinar la logística del Carnaval de La Paz, que inicia la próxima semana.
“Estamos con este amparo” luego de que la denuncia fue enviada “a las oficinas de México y para que hoy la subprocuraduría nos informe del estado que guardan estas 22 demandas por alrededor de 828 millones de pesos”, dijo Martínez Vega.
El alcalde indicó que un total de 16 programas federales no pueden operar en La Paz, entre ellos el programa Hábitat de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), otros de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), e inclusive tampoco pueden otorgarse créditos del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot)
“Mientras no se derive una responsabilidad por parte de la PGR, estamos todavía vetados en programas como Hábitat, Sedatu, Sedesol, Fonacot, varios temas federales que fueron dineros desviados bajo un esquema de peculado”, presuntamente por Ponce Beltrán, dijo el alcalde panista. “Son 16 programas”.
El alcalde había advertido, el viernes de la semana pasada, que si la delegación local de la PGR no informaba sobre cómo se encontraban las investigaciones contra la exalcaldesa, buscarían la protección de la justicia.
Un día después, la delegación de la PGR se declaró incompetente y anunció que el expediente sería turnado a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, cuyas oficinas se encuentran en la Ciudad de México.
