La Paz, Baja California Sur.- Tras las revisiones que practicadas a través de la Auditoria Superior del Estado (ASEBCS), no fueron aprobadas las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2022 del Instituto del Deporte de Los Cabos, del Municipio de La Paz, Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE) ni de la Universidad Tecnológica de La Paz (UTLP). Por otro lado, la cuenta correspondiente a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California Sur, fue aprobada.

En sesión del jueves 16 de octubre, fueron sometidos a discusión y aprobación los dictámenes presentados por la Comisión de Vigilancia de la ASEBCS, como resultado del análisis y discusión técnica llevada a cabo por la comisión, respecto a la opinión de legal y técnica emitida por Auditoria Superior del Estado de Baja California Sur a los entes fiscalizados.

El dictamen de la Comisión de Vigilancia de la ASEBCS determinó que el Instituto del Deporte de Los Cabos y el Instituto Sudcaliforniano del Deporte (INSUDE) no presentaron la situación financiera conforme a los títulos tercero, de la Contabilidad Gubernamental y cuarto, de la Información Financiera Gubernamental y los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

En tanto el Municipio de La Paz y la Universidad Tecnológica de La Paz no presentaron en sus cuentas, la información de conformidad con los títulos tercero, de la Contabilidad Gubernamental y cuarto, de la Información Financiera Gubernamental.

En el caso de la cuenta pública de La Paz, la diputada Lupita Saldaña (PAN) refirió que el Ayuntamiento de La Paz tiene 116 observaciones, de las que se solventaron 37, quedando 67 en proceso de solventación y no atendiéndose 12 observaciones.

En obra pública, mencionó que se erogaron más de 46.7mdp, es decir, se solventó en su totalidad un porcentaje muy bajo y más de 160 millones adjudicados de manera directa. “Hay una justificación dentro de la ley que no están cubriendo”, expuso.

Por su parte la diputada Guadalupe Vázquez (Morena) precisó que fue una solventación  parcial lo que representa que casi el 90% de las observaciones  fueron atendidas. Consideró que no se trata de actos de corrupción ni de desvíos de recursos. “Se trata de actualización de sistemas electrónicos de comprobación, mismos que se derivan en los resultados que se observan en el presente dictamen, son observaciones de forma y no de fondo las que aparecen en el presente dictamen”, apuntó.

Asimismo, con base en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado y conforme los tiempos y periodos en que se ejerció el gasto público, instruye a los entes fiscalizados que deberán presentar las denuncias penales y administrativas correspondientes, e incluso tramitar el procedimiento de investigación de faltas administrativas, a fin de deslindar responsabilidades por los hechos y omisiones, procurar la indemnización o reparación de los daños que en su caso se haya causado al patrimonio del ente público fiscalizado.

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