Solicitan diputados reformar la Ley de Derechos y Productos del estado
La Paz, Baja California Sur- Con la finalidad de proteger la economía de los sudcalifornianos y evitar que el costo de los derechos por la prestación de servicios que ofrece la administración pública estatal a lo largo del año se incremente, los diputados Perla Flores Leyva, Lorenia Montaño Ruiz y Rigoberto Murillo Aguilar presentaron iniciativa para reformar el artículo primero de la Ley de Derechos y Productos de Baja California Sur (BCS) en la cual proponen derogar diversas disposiciones que tienen que ver con la permanente actualización financiera que cada año realiza la Secretaría de Finanzas del Gobierno de BCS a los distintos servicios que presta a la sociedad sudcaliforniana, como es el de Control Vehicular, la expedición de licencias y permisos de pesca deportiva entre otros.
En la exposición de motivos, los iniciadores dijeron haber analizado legislaciones de otros estados de la república, como Sonora y Sinaloa, que regulan en sus leyes de Hacienda el pago de los derechos relacionados con el control vehicular, en la que no se contiene este factor de actualización que se aplica en BCS, factor de actualización que genera un incremento anual en el pago de los derechos a que se refiere la Ley de Derechos y Productos, y que rompe con el principio de proporcionalidad a que alude el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Destacan los legisladores el compromiso hecho con la sociedad sudcaliforniana de que no se incrementen impuestos, derechos y tarifas que a nivel municipal y estatal se aplican en BCS, por ello, la propuesta de derogar algunas disposiciones en este ordenamiento legal, “porque, desde que asumimos nuestro cargo, los que suscribimos esta iniciativa hemos manifestado el interés de trabajar desde este Poder Legislativo en beneficio de nuestros ciudadanos sudcalifornianos, ya no queremos que las leyes, sobre todo aquellas de carácter impositivo, es decir, las que regulan el pago de dinero por parte de nuestros representados, ya sea por concepto de derechos o impuestos, sean aprobados en los mismos términos en que sean enviados por el Poder Ejecutivo del estado o por los ayuntamientos, queremos que se escuche a los ciudadanos, porque en los recorridos por nuestras colonias, lo que recibimos son quejas y reclamos por los altos costos de impuestos y derechos”.
