La Paz, Baja California Sur.- El gobernador de Baja California Sur (BCS), Carlos Mendoza Davis, vetó parcialmente el decreto de la Ley de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur al considerar que contraviene otras leyes y normativas.

El mandatario sudcaliforniano solicitó a los integrantes del Congreso local analizar las observaciones que realizó a la Ley, tras la revisión legal que el equipo jurídico del Gobierno del estado llevó a cabo.

“La manera más eficiente de servir a los indígenas que llegan de otros estados a vivir a Baja California Sur no es con más burocracia. Destinar millones de pesos a la contratación de funcionarios, crear oficinas, en lugar de canalizarlos a atender las necesidades de la gente, no es una solución”, declaró el gobernador.

Explicó que la dicha ley fue legislada sin contar con estimaciones de impacto presupuestario como lo establecen la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, así como los lineamientos para la Evaluación del Impacto Presupuestario de los Proyectos de Iniciativas de Leyes, Decretos, Acuerdos o Reglamentos emitidos por la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del estado.

La Constitución local mandata al Poder Ejecutivo establecer una Unidad Administrativa que atienda los asuntos indígenas, por lo que la disposición de la Ley de crear un órgano autónomo, contraviene dicha disposición.

“Vamos a atender el espíritu de nuestra Constitución en su Artículo VII bis,  y de la Ley de las Personas, Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Estado, que es garantizar sus derechos de las y los indígenas que habitan en Baja California Sur. Siempre han tenido, tienen y tendrán nuestro respaldo, atención, apoyo y respeto. Hacemos más destinando ese dinero a programas que les sirvan”, dijo.

El Jefe del Poder Ejecutivo detalló que dentro de la Ley existe confusión respecto a la naturaleza jurídica de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos, Comunidades, Indígenas y Afromexicanas del Estado de Baja California Sur, ya que las atribuciones corresponden a la de un organismo público descentralizado, y no a la de un organismo desconcentrado de la administración pública estatal, como lo establece la citada ley.

Mendoza Davis reiteró que actualmente la población indígena es atendida de manera permanente, a través del eslabonamiento de programas y acciones que se extienden a lo largo y ancho del territorio del Estado.

Finalmente, refrendó el compromiso de que todos los indígenas que residen en BCS contarán siempre con el respeto, apoyo, respaldo y atención del Gobierno del estado.

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