La Paz, Baja California Sur- “El Gobierno de Baja California Sur ratifica su compromiso hacia el absoluto respeto de la ley y el estado de derecho, aspectos indispensables para la consolidación de una sociedad verdaderamente justa, equitativa y democrática”, afirmó el jefe de la oficina del ejecutivo, Carlos Amed Rochín Álvarez, luego de dar a conocer el veto ejercido por el Gobierno del Estado hacia la reforma de Ley sobre el exceso de la Legítima Defensa.

El funcionario señaló que ante las consecuencias que pudieran generarse en diversos supuestos, el gobernador Carlos Mendoza Davis presentó observaciones ante el H. Congreso del Estado, respaldado en su facultad constitucional de hacer indicaciones en forma de veto a los proyectos de ley o decretos que el Congreso le remite, en las últimas etapas del proceso legislativo.

Este veto, apuntó, encierra tres argumentos principales: el primero de ellos se formuló para proteger un derecho que tiene cualquier ciudadano, conocido como exceso de legítima defensa, de poder aplicar una penalidad menor al delito al que pudiera haber incurrido una persona al defender su vida, la de otros o al proteger sus bienes, pero que al hacerlo hubiese incurrido involuntariamente en un exceso.

Asimismo, como segundo motivo se formula para impedir que se puedan generar espacios de impunidad disfrazados de defensa propia, ya que la reforma plantea que, al encontrarse el ciudadano dentro de su domicilio, no habrá delito alguno que pueda castigarse si se ejerce la legítima defensa, lo que puede derivar en abusos muy serios.

En tercer lugar, el veto del ejecutivo pretende proteger los derechos de los menores, consignados, no solo en la Constitución, sino en los tratados internacionales de los que México es parte, pues esta reforma elimina por completo el deber de evitar lesionar a un agresor cuando este es menor de 18 años, salvo que se trate de un ataque grave.

“El veto que ejerce el gobernador del estado se realiza en el marco de la división de poderes en un estado democrático de derecho con pesos y contrapesos, es la Constitución Política del Estado la que mandata al ejecutivo a cumplir y hacer cumplir la ley, a vigilar y garantizar principios fundamentales como la igualdad, la equidad, la justicia la liberta y la inocencia, entre otros. No dudamos de las buenas intenciones del legislador al aprobar estas reformas al Código Penal, sin embargo, consideramos que la redacción actual encierra riesgos prácticos que deben discutirse con detenimiento, para dificultar, entre otros, el ejercicio de las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia, para no vulnerar la certeza jurídica de las personas”, aseguró el jefe de la oficina del ejecutivo.

De igual manera, recordó que el marco normativo actual de Baja California Sur contempla la legítima defensa y las condiciones en las que esta puede darse, este previene cualquier abuso evidente de esta, pero también protege a quien obra legítimamente para preservar su vida, la de otros y sus bienes, incurre en un exceso, mitigando la pena a la que pudiera hacerse responsable.

Finalmente, Carlos Rochín dijo que confía en que se abrirá un debate con seriedad y responsabilidad en el que, además, puedan escucharse voces de profesionales.

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