En el 30% de las colonias de La Paz el alumbrado público tiene “problemas severos”
La Paz, Baja California Sur.- De las más de 150 colonias que existen en la ciudad de La Paz, el 30 por ciento tiene “problemas severos” en materia de alumbrado público, y éstos no pueden ser resueltos a cabalidad porque el procedimiento jurídico en contra de la sociedad anónima de capital variable Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente mantiene obstruido todo acceso a participaciones estatales y federales, según revela el alcalde Armando Martínez Vega.
“En el tema de alumbrado hemos estado batallándole porque prácticamente nuestros trabajadores de servicios públicos han estado quitando y parchando alumbrado, no hemos podido acceder a ningún recurso mientras no se resuelva el tema legal del que estamos siendo objeto por la empresa esta a la que indebidamente se le entregó una licitación”, expresó el presidente municipal paceño.
Cabe recordar que Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente insiste en hacer valer un contrato aprobado por la exalcaldesa priista Esthela de Jesús Ponce Beltrán para operar en La Paz administrando el alumbrado público del municipio durante 20 años, mientras que el XV Ayuntamiento, a cargo del panista Armando Martínez, lleva hasta las últimas consecuencias el intento por contrarrestar dicha acción, al acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para defender el caso.
Armando Martínez Vega, alcalde de La Paz
En anteriores entrevistas, Martínez Vega ha dado a conocer que el contrato con Grupo Integral obliga al Ayuntamiento a pagar cuatro millones de pesos mensuales, cuando la operación, el mantenimiento y el costo de energía eléctrica actualmente significan para el municipio una erogación de un millón 554,000 pesos al mes.
Por otro lado, Santiago Leal Amador, director general de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de La Paz, ha señalado que la administración Martínez canceló la concesión del servicio de alumbrado y emitió declaratoria de desconocimiento de efectos jurídicos a cualquier acto derivado de ese proceso, considerando que la Ley Orgánica Municipal prohíbe privatizar el alumbrado público, y que, aunque fue aprobada su desestatificación por el XIV Ayuntamiento, nunca fue publicada en el Diario Oficial.
