Gobierno de BCS rechaza convenio con inocente que estuvo en prisión por 2 años
La Paz, Baja California Sur.- Luego de pasar 2 años en prisión por un crimen que no cometió, Daniel Sánchez Ávila demandó al Gobierno de Baja California Sur y a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en busca de una indemnización, y a más de un año de que iniciara el juicio propuso a uno de los demandados llegar a un acuerdo, pero éste se negó, mientras que el segundo ha dado largas para exponer su decisión, lo que principalmente genera desconfianza, opina.
José Cruz Sánchez Astorga, padre de Daniel, se reunió con el gobernador Carlos Mendoza Davis y el secretario general de gobierno Álvaro de la Peña Angulo. El ejecutivo se negó al acuerdo diciendo que “no les interesa pactar nada ni acortar el proceso ni nada”, según narra el propio Daniel, porque “no podían”, aunque pidió al afectado tener “la confianza de que todo se iba a hacer rápido y bien”.
“Yo en especial la confianza no la tengo”, dice el respecto Daniel Sánchez, “porque el que va a resolver la sentencia es un magistrado que lo pusieron el sexenio pasado, la misma gente que a mí me embaucó en esto pusieron (sic) a estas persona, entonces confianza no tengo de que lo vayan a hacer de la mejor manera […], se llama Paúl Razo [Brooks] […] La desconfianza existe, por algo lo están haciendo hasta la sentencia, todavía falta ver cómo dan la sentencia, si la dan en contra estarán dando un mensaje claro a la ciudadanía de que la justicia no se está dando, y en el otro caso, si la dan a favor de nosotros, pues hay que ver en qué forma la están dando, no hay seguridad de nada”.
Cabe recordar que la demanda fue interpuesta durante la administración del exgobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, derivada del ejercicio del entonces procurador Gamil Arreola Leal, y el delito por el que fue acusado Sánchez Ávila es el homicidio, aún sin resolver, del abogado Jonathan Hernández Ascencio, ocurrido el 4 de marzo de 2010.
Este 29 de enero José Cruz y Daniel Sánchez acudieron a una cita con el procurador Erasmo Palemón Alamilla Villeda, la cual se celebraría en la oficina del funcionario a las 12 del día y tendría como fin la exposición del acuerdo, no obstante, después de una hora de espera, “salieron con que salió de emergencia el procurador”, asegura Daniel, y no fueron atendidos. Más tarde, desde la oficina del servidor fueron contactados de nuevo y les han ofrecido atenderlos el día viernes 5 de febrero.
Michelle Tuchmann, abogada de Daniel Sánchez Ávila, recuerda que en el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Baja California Sur, donde se habla de indemnizaciones por parte de la entidad, se detalla que “los afectados podrán celebrar convenio con las dependencias y entidades a fin de dar por concluida la controversia mediante la fijación y el pago de la indemnización que las partes acuerden”, sin embargo, lamenta, “nunca hubo una negociación como tal”.
“Se sentaron a platicar las partes, y sí, en algún momento escucharon a los afectados, pero pues el resultado fue de que no había posibilidad de un convenio, que se tenía que resolver a través de la vía jurisdiccional”, especificó la abogada, recordando que “está pendiente por celebrarse una audiencia” antes de la sentencia, y se trata de “la continuación de la de desahogo de pruebas”, pues “se ha realizado dividida”.
La última fecha para culminar el desahogo era el 28 de enero, pero la autoridad tuvo que pactar una nueva para finales de marzo, pues el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Paz, donde estuviera recluido Sánchez Ávila, no ha aportado las pruebas que se le han solicitado.
“Se desahogaron testigos en una fecha, otros en otra fecha y otros más en una tercera fecha. Además, hacía pruebas que nosotros pedimos, videos y constancias que tenían que informar y entregar el personal del Cereso, y estamos esperando a que se remitan esos videos y esas constancias, que se van a desahogar en esta última audiencia”.
