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PGR podría solicitar el desafuero de Esthela Ponce

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La Paz, Baja California Sur.- Si la Procuraduría General de la República (PGR) encuentra elementos suficientes para acreditar la comisión de delitos por parte de la diputada federal Esthela de Jesús Ponce Beltrán, durante su encargo como alcaldesa de La Paz, tendría la responsabilidad de solicitar al Congreso de la Unión el desafuero de la legisladora priista para que ésta enfrente los cargos en su contra como cualquier ciudadano mexicano, según confirma José Santiago Leal Amador, director general de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento paceño.

Esthela-Ponce-Beltrán

Esthela de Jesús Ponce Beltrán

“El procedimiento ya está regulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por tratarse de una diputada federal, y el procedimiento sería que la PGR solicite a la Cámara de Diputados su desafuero, en caso de que la Procuraduría General de la República encuentre elementos para integrar la averiguación previa y ejercer acción penal en su contra, y la PGR tendría que poner a disposición de la Cámara de Diputados los elementos con los que cuente, para que la Cámara de Diputados dictamine si a lugar a proceder (sic) en contra de la hoy diputada Esthela Ponce Beltrán, o no”.

Esto luego de que el pasado 15 de julio una comitiva integrada por el secretario general del Gobierno Municipal, Isidro Ibarra Morales, la síndica Rosa Evelia Solorio Ramírez y el director general de la Consejería Jurídica, acudiera a la delegación de la PGR para presentar ocho denuncias penales contra la expresidenta y al menos cuatro de sus exfuncionarios, argumentando “peculado” y “ejercicio indebido de funciones” por 70 millones de pesos.

“Una vez que el Congreso de la Unión se pronuncie, PGR podría estar ejercitando acción penal”, precisa José Santiago Leal, recordando que además de Ponce Beltrán se ha denunciado a “un grupo importante de exservidores públicos” y que “algunos de esos casos no requieren la dictaminación del congreso de procedencia”.

“Sí procede la denuncia, es evidente que más allá de un simple desorden administrativo hay responsabilidades de orden penal al haber ejercido recursos federales en objetos que no eran los que estaban destinados y que no se construyeron las obras y el recurso no se encuentra en ninguna parte. No puedo afirmar más detalles, porque son motivo de la carpeta de investigación, pero consideramos que, independientemente del proceso de desafuero, sí hay elementos para procesarla penalmente […] De acuerdo a la normatividad que tiene la Auditoría Superior de la Federación y a las reglas de operación de cada programa federal, y yéndonos más específicos, a los convenios que subscribieron en su momento las autoridades, es un ejercicio muy ágil el saber si llegaron los recursos, en qué los gastaron y en dónde terminaron, es una situación de orden nada más, ver si se cumplió la normatividad”.

Finalmente, Leal Amador precisa que además de las denuncias que pesan contra Esthela de Jesús Ponce en la PGR se encuentran otras presentadas a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), por el desvío de 34 millones de pesos, mostrando que la dependencia estatal también está facultada para solicitar el desafuero de la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“En cualquier caso, la única diferencia es el ámbito de competencia, o el fuero al que pertenece cada investigación de cada delito; en el caso de la procuraduría del estado, está totalmente facultada para solicitar a la Cámara de Diputados el desafuero de la diputada federal, no importa que no se trate de recursos federales”.

El Informante de Baja California Sur

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Iván Gaxiola

Iván Gaxiola

Reportero de El Informante Baja California Sur