Presentan en BCS protocolo de atención ante violencia política contra mujeres
La Paz, Baja California Sur.- Este 15 de junio el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, hizo entrega al Instituto Estatal Electoral (IEE), al Congreso del Estado y al Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres (Insmujeres), el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, creado con el fin evitar y sancionar la violencia política de género.
La violencia política contra las mujeres, explicó Nieto Castillo, “comprende todas aquellas acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
En este sentido, el titular de la Fepade recordó que durante el proceso electoral 2014-2015, en los estados de Chiapas, Ciudad de México, Colima, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Yucatán se presentaron casos de asesinato, violencia física y psicológica, desaparición y ataques con armas de fuego a mujeres que fungieron como precandidatas, candidatas, dirigentes de partidos políticos, coordinadoras de campaña, colaboradoras y familiares de candidatas, registrando un total de 38 casos de violencia política de género.
Las instituciones competentes para brindar atención ante este tipo de violencia, dio a conocer, son la propia Fepade, el Instituto Nacional Electoral (INE), la Subsecretaría de Derechos de Humanos de la Secretaría de Gobernación (Subsecretaría-DDHH), la Fiscalía Especializada para los Delitos de Violencia Contra la Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPJF) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), así como sus homólogas estatales.
Así, ante la falta de una ley en la materia, este protocolo pretende orientar a las instituciones sudcalifornianas ante situaciones de violencia política contra las mujeres, facilitar la implementación de las obligaciones internacionales, así como dar cumplimiento al deber de debida diligencia.
“Nosotros vemos dos tipos penales”, anotó Nieto Castillo, el [Artículo] siete [de la Ley General en Materia de Delitos Electorales], fracción cuarta, que señala que impondrán de seis meses a tres años de prisión, o multa de cincuenta hasta cien días, en aquellos donde se obstaculice el adecuado proceso de la función electoral; y por otro lado, el siete fracción dieciséis, que habla de actos de temor o intimidación a los electores […] Lo que hemos hecho es integrar con base en ese tipo penal y afortunadamente los jueces de distrito nos han librado las órdenes de aprehensión, a pesar de que la ley no dé los elementos suficientes, creo que es fácilmente identificable la obstaculización de la función electoral […] ¿Lo ideal sería tener un tipo de violencia política de género?, la respuesta es sí, ¿se requiere un tipo de violencia política de género?, la respuesta es definitivamente”.
