Criticó que la auditoría carece de validez ya que fue realizada por los propios empleados del alcalde Armando Martínez Vega, por lo que no existe “independencia mental”.

“Una auditoría no puede ser llamada como auditoría forense cuando no es practicada por un profesional independiente […] este trabajo de revisión al interior del Ayuntamiento lo realizó una dirección o encargado de departamento interno […] nosotros hemos dicho y exigimos que para que se pueda dar un tema penal debe darse a través de una auditoría practicada por un grupo de profesionales externos para que tenga independencia mental”, refirió.

González Rodríguez dijo que si se carece de “independencia mental” no se puede realizar una auditoría imparcial, por lo que pone en duda los resultados obtenidos por el XV Ayuntamiento de La Paz en contra de Esthela Ponce y secuaces.

Asimismo, aclaró que no defiende a la ex alcaldesa y ahora diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero “a este trabajo que realizó el Ayuntamiento no se le puede llamar auditoría forense”, e inclusive, evidenciarlos como presuntos responsables de uno o varios supuestos delitos es una irresponsabilidad de Martínez Vega.

“No se puede proceder si no se ha interpuesto una demanda y él Ministerios Público no ha encontrado elementos suficientes para que haya una comisión del delito […] sólo el veredicto de un juez podría darles el estatus de culpables; lo cual hasta el día de hoy no ha pasado”, dijo.

La intención de la Coparmex es el respeto del estado de derecho, “y si derivado de un trabajo profesional se detecta un desvío de recursos que debe ser sancionado” exigirán prisión para los culpables.

Finalmente, dijo el líder de los empresarios, que si la Ley 3 de 3 ya estuviera en vigor, todos los involucrados en desvío de recursos estarían en presos y reponiendo el daño.

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