En BCS, minería y áreas naturales protegidas pueden convivir: Benito Bermúdez
La Paz, Baja California Sur.- “La minería es una actividad económica que, si se lleva a cabo bien, acorde a los lineamientos normativos con respecto a los demás procedimientos y que no afecte procesos ecológicos ambientales ni recursos naturales, es una actividad lícita, definitivamente”, y en Baja California Sur (BCS) “tenemos muchas áreas naturales protegidas en donde hay minería”, señala Benito Bermúdez Almada, director de la Unidad Regional Península de Baja California y Pacífico Norte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a propósito del rechazo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) al proyecto de minería submarina Don Diego.
“Yo les puedo poner el caso de Cirios y Vizcaíno, tenemos decenas y decenas de empresas mineras trabajando de manera muy responsable, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente está realizando permanentemente auditorías ambientales y verificaciones del cumplimiento de las disposiciones”, menciona Bermúdez Almada, recordando que también, en BCS, “tenemos la mayor producción de yeso dentro de un área natural protegida; tenemos la segunda mayor productora de cobre en un área natural protegida; tenemos producción de barita, que es el primer lugar nacional de sulfato de bario; hay exploraciones para aprovechamiento de titanio, en área natural protegida; y tenemos la mayor producción de sal, con más de 9.5 millones de toneladas en la Reserva de la Biósfera del Vizcaíno”.
En el caso particular del proyecto Don Diego, que la empresa Exploraciones Oceánicas pretende instalar en las aguas del Golfo de Ulloa, municipio de Comondú, para extraer fosfatos, el director de la de la Unidad Regional Península de Baja California y Pacifico Norte recuerda que fue “revisado exhaustivamente en un segundo periodo con ampliación de información” y aun así rechazado, mostrando que el hecho de “que algunos proyectos estén en revisión y en proceso es parte de lo que establece la normatividad”, sin embargo, “la ley madre, que es la Ley de Equilibrio Ecológico, y las leyes que la reglamentan, están construidas y elaboradas para que los proyectos que no puedan pasar, porque están contraviniendo las disposiciones, sean detenidos”.
Aproximadamente el 12.5 por ciento del territorio estatal está catalogado como área natural protegida, precisa el funcionario de la Conanp, donde se busca “ese balance de desarrollo y conservación, no se busca conservar por conservar, no se busca conservar y generar pobreza, se busca conservar y generar alternativas económicas que sean modelo de desarrollo para cualesquier región”, situación que “no es palabrería”, afirma, al sostener que “realmente eso es lo que busca la institución, encontrar aquellos modelos de aprovechamiento sustentable, extractivo y no extractivo, de los recursos naturales”.
En este sentido, para finalizar anota que la sustentabilidad debe encontrar un balance entre 3 componentes: economía, sociedad y ambiente; donde “las áreas naturales protegidas sean parte del territorio, donde los proyectos económicos caminen, donde la equidad social esté garantizada, y en donde ambientalmente garanticemos la conservación de la biodiversidad”.
