La Paz, Baja California Sur- Durante los recorridos de campaña por el cuarto distrito, la aspirante a diputada local, en candidatura común del PAN, PRD, PRS-Partido Humanista, Dora Luz Salazar Sánchez, dio a conocer que entre sus propuestas se encuentra la atención a sectores vulnerables de la sociedad, como lo son personas con discapacidad, adultos mayores y jefas de familia.

“Como parte de mi trabajo legislativo impulsaré la capacitación laboral que permita el acceso a trabajos formales, remuneración justa, con seguridad social y con posibilidad real de acceso a una vivienda, todo ello en coordinación con los programas y acciones gubernamentales que actualmente existen para fomentar el autoempleo e incentivar la cultura del emprendimiento, privilegiando a estos sectores de la población con beneficios como microcréditos”, expuso Salazar Sánchez.

Agregó que lo anterior se puede llevar a cabo a través de un análisis profundo sobre la legislación vigente en el estado. Baja California Sur (BCS) cuenta, actualmente, con la Ley Estatal para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, entre otras. Sobre ellas, la candidata, en caso de ser elegida representante del cuarto distrito, presentará reformas y adiciones para hacer las mejoras necesarias a los ordenamientos, a fin de tutelar la igualdad de oportunidades al acceso a un trabajo digno.

En ese sentido medular es el trabajo de cuatro comisiones: la de Asuntos Laborales y de Previsión Social; de Atención a Grupos Vulnerables y a Personas con Discapacidad; de la Salud, la Familia y la Asistencia Pública; y de Desarrollo Social, cuya misión es vigilar la política pública en materia de inclusión laboral, exhortando a que se activen los mecanismos considerados en las diversas normas estatales, entre los que se encuentran los programas de concientización y sensibilización al sector privado, bolsas de trabajo y becas económicas para la capacitación laboral, entre otros.

“Cero tolerancia a quienes realicen actos discriminatorios en la selección de personal para una vacante por motivos de discapacidad, edad avanzada o género, o que pretendan pagar un menor salario por el desempeño de personas de este sector y/o se nieguen a proporcionar capacitación laboral constante”, añadió.

Para proteger este derecho, en específico a personas con discapacidad, Salazar Sánchez dijo que es necesario la creación de una agencia de inclusión laboral en cada municipio, además de exigir a los grandes comercios que se comprometan a contratar un porcentaje de por lo menos el 5% del total de trabajadores.

Respecto a las personas adultas mayores, actualmente corresponde a la Secretaría General de Gobierno, a través de un consejo asesor, favorecer su plena integración y desarrollo conforme lo señala la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores, ordenamiento que fue creado en 2001, cuyas reformas y adiciones no han logrado consolidar un marco jurídico acorde a la realidad que vive esta población, por ello “trabajaré en todo lo pertinente para contar con una norma que garantice plenamente la protección de sus derechos, entre ellos la inclusión en el mercado laboral”, puntualizó.

“En lo que corresponde a la inclusión laboral de las jefas de familia, seré una aliada desde el Congreso para promover medidas legislativas y exhortar a los sectores público, social y privado a privilegiar la contratación de mujeres únicas proveedoras en su hogar, que cuenten con uno o más dependientes económicos, sean hijos o familiares, considerándolas como principales candidatas a esquemas de capacitación que favorezca su colocación en un empleo formal, a programas de créditos a la palabra, así como en becas de trabajo”, expresó.

Dora Luz Salazar indicó que la Ley del Trabajo señala claramente el derecho de los ciudadanos a un trabajo en el que se respete plenamente la dignidad humana, sin que exista discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; con acceso a la seguridad social y un salario remunerador y capacitación continua. Mientras que, en la Constitución Política de nuestra entidad, también queda prohibida la discriminación, y agrega la acción promotora del Estado para la integración social y laboral de este sector.

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